«Me llamaron un viernes y el lunes ya estaba trabajando para el Consistorio»

La exalcaldesa de Ponga, Mercedes Traviesa, a las puertas del juzgado con su abogado. /  ÁLEX PIÑA
La exalcaldesa de Ponga, Mercedes Traviesa, a las puertas del juzgado con su abogado. / ÁLEX PIÑA

La exalcaldesa de Ponga se enfrenta a diez años de inhabilitación y a pagar 21.000 euros por contratar «a dedo» a tres trabajadoras municipales

ALBERTO ARCEOVIEDO.

Visto para sentencia. La que fuera alcaldesa por Foro en Ponga desde la inhabilitación de Cándido Vega, en 2013, hasta el año 2015, ocupó ayer el banquillo de los acusados en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo para responder por un supuesto delito de prevaricación continuada al contratar, según los relatos del Ministerio Fiscal y de la acusación particular -la actual Corporación-, a tres trabajadoras municipales de forma irregular. Dos de ellas, «sin llevar a cabo proceso de selección alguno». Traviesa se declaró a sí misma «inocente», pero una de las testigos, una mujer contratada «de forma directa» para ocupar un puesto de auxiliar administrativo en el centro de salud de la localidad, explicó que «a mí me llamaron a casa un viernes y el lunes ya estaba trabajando». Ahora, la exalcaldesa se enfrenta a una pena de hasta diez años de inhabilitación y a pagar hasta 21.000 euros al Ayuntamiento a modo de indemnización.

Los hechos se remontan a octubre de 2013, cuando la entonces primera edil dictó un decreto acordando la contratación «como personal eventual, por razones de justificada necesidad y urgencia, a una persona licenciada en Derecho, para asistir a la alcaldesa hasta que se provea la plaza de secretaría-intervención». Todo ello, a pesar de que ese mismo mes de mayo otro profesional comenzó a prestar servicios para el Ayuntamiento con la categoría de secretario-interventor por acumulación. La necesidad vino dada por el cese de la anterior secretaria, que proclamó en el juicio haber dejado el Consistorio «porque vi peligrar mi integridad física, mental y no me dejaban trabajar».

En ese sentido, la supuesta trabajadora eventual, que también formó parte del grupo de testigos, corroboró la versión de la exalcaldesa forista al afirmar que no había ejercido ninguna función que fuera competencia de un secretario-interventor. No obstante, el que fuera su superior durante ese período como acumulado afirmó que en efecto la mujer «estaba llevando a cabo todo lo que haría un secretario», pero con una salvedad: «no podía firmar los expedientes». Además, su sueldo ascendía a los 1.959 euros, casi 400 más que la anterior responsable interina de la sección.

«Las cuentas del Ayuntamiento estaban atrasadas y necesitaba a alguien que las pusiese al día y que, además, me asesorase», manifestó Traviesa. Sin embargo, señaló la acusación particular, las cuentas del Consistorio «se llevaban desde una empresa externa, Connectis, a la que aún se deben 18.000 euros por los trabajos». «Era una asesora jurídica», repitió la acusada hasta en cinco ocasiones.

También prestó testimonio la actual regidora del municipio, Marta Alonso (PSOE), que relató cómo los trabajos realizados por la «asesora de confianza» podrían haber sido asumidos por «una auxiliar administrativa» y por «900 euros al mes».

La acusación particular añadió a la lista de contratadas presuntamente «a dedo» el caso de una mujer que accedió por esas fechas a un puesto «gracias a un examen a medida». El Ayuntamiento acumula otras diez causas similares contra Traviesa y Vega, que ya fueron condenados el pasado octubre por el Tribunal de Cuentas a devolver a las arcas públicas 42.000 euros que cobraron durante sus mandatos en concepto de dietas.