«La modificación de las normas urbanísticas nos blindará ante reclamaciones», dice la regidora

Charo Fernández indica que la CUOTA vio en el caso de los huertos de la plaza de Santa Ana «un Villa Magdalena para Ribadesella»

JUAN GARCÍA RIBADESELLA.

La millonaria reclamación sobre una de las parcelas de Espacio Libre de Uso Público de la plaza de Santa Ana ante el Ayuntamiento de Ribadesella se resolverá mediante la modificación puntual de las Normas Subsidiarias (NNSS) que se viene tramitando desde hace un año. Así lo creen los técnicos y expertos -arquitectos y juristas- consultados por el Consistorio, así lo recomendó la CUOTA y así lo dijo la alcaldesa: «Esa modificación puntual blindará al Ayuntamiento ante cualquier posible reclamación, ante futuros contenciosos que puedan plantearse», afirmó Charo Fernández (Foro).

Según explicó la regidora, la modificación iniciada permite «articular una unidad discontinua» en otra parcela ubicada en la carretera de la estación, incorporándole el aprovechamiento correspondiente al Espacio Libre de Uso Público de la plaza Santa Ana. «Eso es algo completamente legal, recomendado incluso por la CUOTA que vio en este caso un Villa Magdalena para Ribadesella. Una solución que se está aplicando en más lugares para evitar este tipo de ataques a la Administración local», afirmó la regidora.

La modificación puntual riosellana está en marcha, pero se ha ralentizado en el tiempo porque ha requerido de una tramitación ambiental que recientemente superaba el período de información pública. Ahora está pendiente del informe de la Consejería de Medio Ambiente. En cuanto éste se tramite, se pasará a Pleno y se convertirá en una modificación definitiva.

Reproches al PSOE

Las normas subsidiarias vigentes en Ribadesella establecieron una franja de Espacio Libre de Uso Público en el que no se puede construir y que afecta a nueve huertas ubicadas entre el camino de Guía y la Plaza de Santa Ana. Una calificación urbanística que tiene una serie de implicaciones que, por aquel entonces, hace más de veinte años, no se valoraron debidamente. Entre ellas, la obligación legal del Consistorio a expropiar ese suelo si las fincas urbanas asociadas al mismo no se desarrollan.

Como el Ayuntamiento nunca las embargó, uno de los nuevos propietarios ha decidido reclamar su derecho a la expropiación forzosa por ministerio de Ley, valorando el precio de su huerta, de 750 metros cuadrados, en 832.000 euros. Esta estimación dista mucho de la realizada por el Ayuntamiento, que la ha situado en 6.286 euros. «Una valoración que se hace cuando conviene a los intereses municipales, no cuando quiere el portavoz del PSOE», respondió la alcaldesa. El Jurado de Expropiación establecerá el justiprecio de la parcela.

La alcaldesa destacó el consenso que hasta ahora ha existido en el seno de la corporación para abordar este asunto con la «máxima discreción y corrección», pero lamentó que el Partido Socialista lo haya «roto» haciendo declaraciones públicas sobre este tema y «abriendo la caja de Pandora». También criticó a aquellos constructores «que buscan beneficios por otro lado cuando no se construye».

 

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