La oposición exige al Principado que solucione el problema de El Prial

Varios alumnos, a las puertas del centro de formación profesional específica de El Prial, en Infiesto. /  E. C.
Varios alumnos, a las puertas del centro de formación profesional específica de El Prial, en Infiesto. / E. C.

Podemos, Foro, PP, IU y Ciudadanos sacan adelante una proposición no de ley para realizar una interpretación más flexible de la normativa

L. RAMOS OVIEDO/INFIESTO.

Los cinco grupos de la oposición en la Junta General del Principado se han puesto de acuerdo a la hora de criticar la forma de actuar de la Consejería de Educación en el problema con las certificaciones que sufren parte de los profesores del centro El Prial de Infiesto. Unos problemas que comenzaron hace unos años con la aprobación de un decreto que modificaba los requisitos exigibles a los docentes de centros concertados y privados y que ahora pone en riesgo la continuidad de profesores con varios años de experiencia a sus espaldas.

El asunto regresaba ayer por la tarde al Parlamento asturiano, esta vez de la mano de Podemos Asturies, que presentaba ante la Comisión de Educación una proposición no de ley para «solucionar la situación creada en el centro de formación profesional específica El Prial de Infiesto, cuyos profesores ven peligrar sus puestos de trabajo». La iniciativa salía adelante con el apoyo de Podemos, Foro, PP, IU y Ciudadanos y la oposición del PSOE.

En su introducción, la diputada de la formación morada Lucía Montejo recalcó cómo el centro de El Prial «participa activamente en muchos de los planes que promueven tanto el Ayuntamiento como otras entidades de concejo, por ejemplo los planes de Infancia y de Salud, y trabaja con numerosos colectivos sociales de la zona». Además, agregó, El Prial «imparte titulaciones de carpintería y mueble que prácticamente no hay en ningún otros sitio de Asturias, pues es el único centro que ofrece la Formación Básica y en el caso del grado medio solo hay otro centro que lo tenga, en Gijón».

El PSOE rechaza que se haga una interpretación restrictiva y recuerda que la norma es estatal

En relación a la problemática actual, Montejo apuntó a que la información que se ofreció al profesorado del centro no fue la correcta y criticó que «se ha aplicado una interpretación restrictiva de la norma». Advirtió, además, que de no poner solución, la actual situación podría abocar al centro a su cierre.

Por todo ello, la propuesta de Podemos es que «se atienda a las reivindicaciones» y la consejería proceda a buscar una solución de forma urgente que podría pasar por «una interpretación más flexible o una modificación de la resolución» que generó el problema y que, recordó la parlamentaria, «es de la propia consejería».

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, se mostró de acuerdo e indicó que «el profesorado obró de buena fe y creía que tenía la acreditación para seguir impartiendo clases». Relató cómo de la tranquilidad que les trasladaron desde Inspección Educativa, «diciéndoles que cumplían los requisitos y que no se preocupasen», pasaron a una posición que lleva a despidos e incluso al cierre definitivo del centro. «Han fallado los mecanismos establecidos para la acreditación», criticó.

Centro «muy valorado»

Pedro Leal (Foro), por su parte, subrayó cómo el centro «es muy valorado tanto por alumnos como por los vecinos y las empresas del sector maderero». Criticó, asimismo, que «existen informes contradictorios de los inspectores» y coincidió al señalar que «se hizo la interpretación más restrictiva de la norma». Por ello, al igual que Podemos y Ciudadanos, abogó por flexibilizar dicha interpretación para tratar de poner solución al problema.

En el mismo sentido se expresaba la diputada de IU Concha Masa, quien reconoció que cuando tuvo conocimiento de lo que sucedía le costó creerlo. «Éste es un caso evidente de cómo en ocasiones las administraciones en vez de estar al servicio de la ciudadanía no sirven más que para sumergirla en una situación kafkiana». Aseveró que el Principado «ha cometido un error con sus exigencias llevadas al extremo». Los populares, por su parte, criticaron la «profundización y persistencia en el error» de la consejería.

Finalmente, la socialista Elsa Pérez se mostró sorprendida por «la unanimidad de los grupos a la hora de pensar que se puede evitar de alguna manera la legalidad en determinados asuntos». Recalcó que el problema no parte de la resolución del Principado, sino de la normativa estatal, por lo que rechazó tanto su modificación como que se realizase una interpretación restrictiva. Recordó asimismo que el TSJA desestimó el recurso presentado por uno de los afectados, si bien éste ha interpuesto un nuevo recurso ante el Supremo.

 

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