«Pensé que la pérgola era obra menor», sostiene el exalcalde de Ribadesella

La construcción, en pleno casco histórico de Ribadesella. /  NEL ACEBAL
La construcción, en pleno casco histórico de Ribadesella. / NEL ACEBAL

Juan Ureta se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito urbanístico en la construcción de una estructura «sin licencia»

G. POMARADA / A. ARCE RIBADESELLA.

El que fuese alcalde de Ribadesella con el PSOE y como independiente entre 1979 y 1994, Juan Ureta, se sentó ayer en el banquillo de los acusados por un presunto delito urbanístico relacionado con unas obras acometidas en el casco histórico de la villa. El caso, ajeno a su actividad política, se remonta al año 2003, cuando Ureta dijo haber levantado lo que considera una «pérgola» dentro del conjunto protegido. Según sostuvo ayer el exregidor durante la primera sesión del juicio, celebrado en el Penal número 1 de Oviedo, esa estructura «nunca se volvió a tocar desde 2003», tras pedir el Ayuntamiento la paralización de los trabajos y concederle un plazo de diez días para presentar el proyecto, explicó su abogado, Francisco Prendes. Ureta, quien según su letrado «interpretó que era obra menor y no pidió licencia con proyecto de arquitecto», acabó desistiendo de su idea de instalar esa «pérgola» para «adornar un poco el barrio que estaba muy degradado». Dado el tiempo transcurrido, la defensa considera que el presunto delito habría prescrito.

Años después, en 2012, el acusado dijo haber ejecutado unas nuevas obras en su propiedad, destinadas a subsanar problemas como humedades, y tras requerírselo el Ayuntamiento según su versión. Entre esos puntos de los nuevos trabajos se encontraba un canalón dentro de la zona de protección histórica. Dadas las dificultades que dijo encontrar para instalar andamios, «ideó un artefacto de madera que se abría como un paraguas y con él realizó la obra», indicó la defensa. También en ese año tuvieron lugar más intervenciones en una casa auxiliar de la finca, donde «se retejó y se pintó». Esas «obras menores», sostuvo la defensa, «tenían licencia del Ayuntamiento», solicitada ese mismo año y concedida «en 2014». Sin embargo, indicó la defensa, también en 2014 «el Ayuntamiento empezó el expediente como si no tuviese licencia». Durante la vista, Ureta se declaró inocente y defendió haber actuado «de buena fe».

Distinto es el relato de la Fiscalía, que sostiene que el acusado actuó como promotor de unas obras a ejecutar en la parcela de su propiedad al 62,5% y sin solicitar la preceptiva licencia. Sobre las fechas, considera el ministerio fiscal que no están concretadas, si bien entiende que los trabajos fueron en todo caso posteriores al verano de 2012. Fue entonces cuando según el escrito «comenzó a ejecutar unas obras de ampliación sobre la edificación preexistente, de dos plantas, y otra edificación auxiliar de planta baja y cubierta plana, colindantes a un camino público de ancho variable». Esas obras habrían consistido según la Fiscalía en la «ejecución de una estructura de hormigón -pilares y forjado- con tres plantas de altura, adosada a la fachada sur de la vivienda unifamiliar preexistente». El Ayuntamiento «acordó su paralización inmediata por resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2014», indican.

Recuerdan, además, que la parte de la parcela «en que se llevaron a cabo las obras sin licencias se encuentra dentro del conjunto histórico de Ribadesella, declarada Bien de Interés Cultural (BIC)» y «calificada como suelo urbano, y clasificada como edificación en itinerario, IT A-2, conforme las normas subsidiarias (NNSS) que rigen el municipio». Entienden desde el ministerio fiscal que los trabajos en la estructura de hormigón «ni se amparaban en licencia, ni se podrían amparar, pues resultan ilegalizables, tanto conforme a las NNSS, como por resultar de imposible informe favorable por la Comisión de Patrimonio Cultural del Principado».

Derribo de la instalación

Por todo ello, la Fiscalía considera que «los hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio» y pide para Ureta dos años de cárcel, una multa de 5.400 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la inhabilitación especial para ejercer profesión o actividad relacionada con la promoción inmobiliaria durante dos años, así como las costas procesales. Además, en concepto de responsabilidad civil, solicita que se le condene a la demolición de la estructura, aún en pie. El coste, según un informe técnico de 2014, asciende a 11.760,59 euros.

Está previsto que el juicio se alargue tres sesiones más con las comparecencias de los testigos, el viernes 18 y los días 1 y 8 de febrero. En el caso están también personados, como acusación particular, vecinos del exregidor .

Más