Piden diez años de inhabilitación a Vega por contratos «irregulares» de personal

Piden diez años de inhabilitación a Vega por contratos «irregulares» de personal

La Fiscalía señala que el exalcalde de Ponga obvió los procesos de selección y atendió «a su mera voluntad» en los casos de cinco trabajadores

G. POMARADA BELEÑO.

Continúan los frentes abiertos en la justicia por la gestión del que fuese alcalde de Ponga entre 2007 y 2013, primero con URAS-PAS y más tarde con Foro. Cándido Vega se enfrenta a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por lo que la Fiscalía considera un delito de prevaricación relacionado con la contratación de cinco trabajadores. Según el escrito del ministerio fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, las presuntas irregularidades afectarían a los contratos de una auxiliar de ayuda a domicilio, un peón de obras públicas, un arquitecto municipal, una asistente social y una auxiliar administrativa del telecentro. Todos ellos habrían entrado a trabajar al Ayuntamiento «sin ningún tipo de expediente administrativo ni de procedimiento de selección, de forma directa y atendiendo a la mera voluntad personal» del exregidor, apunta el fiscal. Indica además que Vega habría actuado «con pleno conocimiento de que con ello vulneraba los principios de igualdad, mérito y capacidad».

El primero de los contratos presuntamente irregulares se remonta a enero de 2008 y atañe a una auxiliar de ayuda a domicilio, con sucesivas renovaciones en enero de 2009, 2010 y 2011. «No hubo ningún tipo de proceso selectivo, ni expediente, ni resolución de alcaldía», recoge el escrito de acusación. El segundo de los casos, correspondiente al peón de obras, data de agosto de 2011 y el contrato se repite en febrero de 2013. Se da la circunstancia de que ese convenio por obra o servicio, vinculado a la reparación de las zapatas de los puentes de Viego, «fue objeto de informe desfavorable y de reparo por la secretaria-interventora», apunta la Fiscalía. Sin embargo, Vega lo habría «obviado» y prescindido del reparo.

En abril de 2011 era contratado «verbalmente» otro empleado: un arquitecto municipal que prestó sus servicios hasta junio de 2016, indica el ministerio fiscal. Continúa el escrito detallando el caso de la asistente social, contratada por decreto en enero de 2012. Para ello alegó Vega «pretendidas razones de urgencia». Esa empleada ya estaba vinculada laboralmente al Consistorio, donde se ocupaba hasta entonces del telecentro. El cambio de puesto motivó así el quinto de los contratos a examen de la justicia, el de una nueva auxiliar administrativa para ese telecentro.

En ese mismo mes de enero de 2012, abunda el fiscal, la secretaria-interventora había emitido un informe jurídico en el que exponía «la normativa, procedimiento y principios aplicables a la contratación». De ese documento, continúa, «hizo caso omiso» el exalcalde, pues «no hubo ningún tipo de proceso selectivo». Para la Fiscalía, esos hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación y solicita por ello los mencionados diez años de inhabilitación, así como la imposición de las costas.

Relación con el partido

El caso fue puesto en conocimiento de la justicia por el actual equipo de gobierno. Tras las preceptivas diligencias, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís decretaba el pasado 15 de abril la apertura de juicio oral, por lo que resta ahora fijar fecha a esa vista, que se celebrará en el Juzgado de lo Penal.

En el escrito de conclusiones provisionales del Ayuntamiento consta además que tres de los trabajadores contratados -la auxiliar de ayuda a domicilio, el peón y el arquitecto- mantenían vínculos familiares con concejales o miembros de Foro y uno de ellos pertenecía al mismo partido.

«No perder subvenciones»

Cuando en febrero de 2018 Cándido Vega fue llamado a comparecer ante la jueza canguesa se acogió a su derecho a no declarar. Sin embargo, entonces sí defendió públicamente su inocencia, aludiendo a que las contrataciones de personal eran «competencia del alcalde». En casos como el del arquitecto, explicó que se «tuvo que mover a su manera para no perder subvenciones», mientras que en el de la asistente social la premura se debió a la salida de la mancomunidad. «Se la contrató con carácter urgente por no dejar al concejo dos meses sin servicio, esperando a que la plaza se sacase a concurso», justificó entonces. Sin embargo, «por circunstancias no se hizo», precisó.

Vega ya fue inhabilitado hace siete años por prevaricación y delito contra los recursos naturales. Entonces tuvo que dejar la Alcaldía, pero de aquella etapa aún colean más de una decena de asuntos legales. Entre ellos otro que llegará a juicio próximamente por cargar presuntamente facturas de taxis, comidas y minutas de abogados al Ayuntamiento. Por esa presunta malversación pide la Fiscalía para él cinco años de cárcel, diez de inhabilitación y 18.743,75 euros de indemnización al Consistorio.