Piloña detecta 75 edificios que deben pasar la inspección técnica este año

Vista de edificios situados en el centro de Infiesto, donde se concentran los inmuebles afectados por la 'ITV' del Principado. / JUAN LLACA
Vista de edificios situados en el centro de Infiesto, donde se concentran los inmuebles afectados por la 'ITV' del Principado. / JUAN LLACA

Los inmuebles de más de cincuenta años afectados por la normativa se concentran en Infiesto, Villamayor y Sevares

GLORIA POMARADA INFIESTO.

A las comunidades de propietarios de Piloña ha comenzado a llegar la comunicación oficial por parte del Ayuntamiento sobre la necesidad de someter a los edificios de más de cincuenta años a la inspección técnica impuesta recientemente por el Principado. Los inmuebles afectados por la denominada 'ITV' son aquellos de tipología residencial de vivienda colectiva, así como todos los que consideren las administraciones competentes por presentar «deficiencias que puedan suponer riesgo para las personas, tanto en el interior del edificio como en la vía pública».

En total, el Ayuntamiento piloñés ha detectado 75 edificios afectados por la normativa tras elaborar en los últimos meses un censo -a cargo de personal municipal- sobre los inmuebles del concejo. La mayor parte se localizan en la capital, en Infiesto, donde 59 viviendas deben contratar la realización del informe pertinente.

Los otros dos principales núcleos urbanos de población del municipio, Villamayor y Sevares, concentran los seis y los diez edificios restantes detectados, respectivamente.

A pesar de que en la carta remitida por el Consistorio se establece como fecha límite de presentación del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) el último día del pasado mes de junio, el plazo ahora vigente es el del 31 de diciembre, tras acordar el Principado una moratoria de seis meses.

Ribadesella, primer concejo

Hasta la fecha, el de Ribadesella era el único de los consistorios del Oriente que había finalizado el censo de edificios, con el que identificó 155 inmuebles afectados. La normativa autonómica, aprobada en mayo de 2017, daba a los ayuntamientos el plazo de un año para la elaboración de los catálogos, base documental para la aplicación de sanciones en caso de no presentar la 'ITV'.

Las cuestiones que analiza la inspección van desde la seguridad, salubridad y ornato del inmueble a la accesibilidad o la eficiencia energética y, en función de los resultados, se fijarán las obras a ejecutar y sus plazos. Solo el coste del informe supondrá a los propietarios un desembolso de entre 150 y 2.000 euros.

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