Ponga pide «por tercera vez» la marcha de la adjudicataria de la residencia

Residencia de mayores de San Juan de Beleño, en Ponga. /  NEL ACEBAL
Residencia de mayores de San Juan de Beleño, en Ponga. / NEL ACEBAL

El Ayuntamiento sostiene que no ha existido desvío de fondos en la gestión de La Parada y ha hecho públicos los pagos de los últimos años

G. POMARADA BELEÑO.

El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Ponga y la empresa encargada de la gestión de la residencia de mayores de San Juan de Beleño continúa. Desde el Consistorio señalan que han enviado a la adjudicataria un tercer aviso instando a que abandone la instalación, así como un listado de los pagos efectuados mes a mes. En la documentación remitida, que comienza en noviembre de 2014 y finaliza en octubre de 2018, figuran cantidades que van desde los 5.996,53 euros a los 11.993,04 euros, cuantía esta última que se repite a lo largo de cuarenta meses. El equipo de gobierno sostiene que no ha desviado fondos y rechaza las acusaciones vertidas en las últimas semanas por la empresa y la oposición. Desde Foro relacionaron la «compleja situación» de la residencia La Parada con el «impago» del Consistorio, mientras que la adjudicataria reclamó «las cantidades que le adeudan». La respuesta del Ayuntamiento fue que la disminución de las partidas se debió a la «nefasta gestión» de la residencia, que perdió usuarios y por ello bajó la aportación del ERA.

El origen del conflicto se remonta al pasado otoño, cuando después de cuatro años prestando el servicio, la responsable de La Parada dijo haber trasladado al equipo de gobierno su voluntad de no renovar el contrato. Sin embargo, desde el Ayuntamiento señalaron que el documento no era válido y sostuvieron que hasta un mes después no recibieron más comunicación. En mitad del proceso, la cuestión llegó también a la justicia. La alcaldesa Marta Alonso (PSOE) reveló que la adjudicataria presentó denuncia contra ella en el juzgado de Cangas de Onís y ante Fiscalía, ambas archivadas. La del ministerio fiscal el pasado 11 de diciembre, indicaron, dos semanas antes de las acusaciones públicas contra la primera edil, lo que «demuestra la mala intención por ambas partes -Foro y empresa-». Por ello entienden que hay una «clara intención de desprestigiar al equipo de gobierno» y no descartan recurrir a los tribunales. Ya en el último pleno Marta Alonso señaló que una opción legal es recurrir al desahucio administrativo.

 

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