El TSJA rechaza que el camping María Elena pueda hacer uso de la parte ampliada

Ampliación del camping María Elena, en Celorio. / JUAN LLACA
Ampliación del camping María Elena, en Celorio. / JUAN LLACA

Los magistrados dan la razón al Consistorio llanisco, que en mayo de 2017 ordenó cesar los usos en dicha zona «por carecer de licencia»

LUCÍA RAMOS LLANES.

Los propietarios del camping María Elena, ubicado en la localidad llanisca de Celorio, no pueden hacer uso de la parte ampliada de sus instalaciones. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que en una sentencia dictada este mismo lunes desestimaba el recurso interpuesto por la propiedad del establecimiento contra la sentencia del pasado 12 de marzo en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo respaldaba la actuación el Ayuntamiento de Llanes. En mayo de 2017, el Consistorio ordenaba el cese de los usos que se estaban llevando a cabo en la citada zona ampliada «por carecer de la previa y preceptiva licencia y resultar incompatible con la ordenación urbanística vigente».

En su recurso, los propietarios del María Elena precisaron que cuando el Ayuntamiento llanisco dictó la resolución recurrida «ya se encontraban concluidas las obras de ampliación. Obras ejecutadas conforme a la licencia, cuyo proyecto ya concretaba la actividad específica a la que sería destinada, así como los elementos de juicio precisos», algo que avalaría la confianza del apelante de que si el Consistorio le otorgaba una licencia de obra no le denegaría la subsiguiente de actividad, «especialmente un año después de su solicitud».

En este sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA señala en el auto que «el recurso de apelación parte de una premisa errada, que es la de considerar que la posesión de licencia de obras comporta de forma implícita la licencia de uso o actividad». El objeto del presente procedimiento, recalcan, «no es enjuiciar la legalidad de las licencias de obras, sino la ilegalidad de la orden de paralización de actividad en las obras ampliadas. No se trata de reaccionar frente a obras, sino ante su utilización, ni de paralizar o demoler obras, sino de disponer el cese de tales usos urbanísticos», explican.

Por otra parte, continúa la sentencia, «de cara a ejercer un uso o actividad habrá de verificarse no solo la seguridad, salubridad o estética y su respeto por el planeamiento urbanístico -perspectivas propias de la licencia de obras-, sino que por tratarse de un uso permanente e indefinido y susceptible de impacto específico en la tutela ambiental, paisajística o vecinal, han de exigirse otros requisitos formales, informes y evaluaciones, e incluso procedentes de otras administraciones, que no son los propios de la expedición de la simple licencia de obras».

No hubo buena fe

En relación a la vulneración de la confianza legítima, los magistrados señalan que el poner en uso la obra pese a saber que no cuenta con la licencia de uso o actividad «excluye la buena fe de apelante». «Para evitar verse defraudado en tales expectativas, lo suyo sería que antes de solicitar la licencia de obras o de uso, se solicitase de la Administración local o autonómica una previa cédula, certificación o informe sobre obras y usos, y condiciones; y una vez obtenido este visado favorable de la iniciativa, poder pisar firme tanto sobre las obras de ampliación como el destino al uso apetecido», agregan.

Por todo ello, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA desestima el recurso de apelación en su integridad y ratifica la sentencia apelada «en todos sus extremos». Contra la sentencia cabe interponer un recurso de casación.

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