Los partidos piden que la nueva ley del salario social ayude a los solicitantes a buscar empleo

De izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo, Matías Rodríguez Feito (PP), Pedro Leal (Foro), Diana Sánchez (Ciudadanos) y Luis Miguel Romero (Izquierda Unida). /
De izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo, Matías Rodríguez Feito (PP), Pedro Leal (Foro), Diana Sánchez (Ciudadanos) y Luis Miguel Romero (Izquierda Unida).

Son críticos con la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones vitales, que obliga a los beneficiarios a acreditar que tratan de encontrar trabajo

EUGENIA GARCÍA GIJÓN.

Partidos políticos y entidades sociales asturianas estaban de acuerdo en que urgía una revisión del salario social, la prestación a la que, desde diciembre de 2005, tienen derecho todas las personas con ingresos inferiores a 430 euros al mes. Difieren, no obstante, en los cambios necesarios y en su aplicación. El Gobierno publica hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) su propuesta, el anteproyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales que queda abierto a alegaciones antes de ser sometido a debate en la Junta General del Principado para su posterior aprobación.

Uno de los aspectos fundamentales que recoge el documento es el endurecimiento del acceso al salario social, que ya cobran 22.607 asturianos y por el que esperan otros 1.468 solicitantes, a los que se suman los 6.000 expedientes pendientes de revisión. Con la nueva ley su cobro queda supeditado a la búsqueda activa de empleo y se suspendería en el caso de que no se suscriba este compromiso en el plazo de un mes.

Esta condición merece, en opinión de la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez, «un mayor seguimiento y evaluación» que el que se ha llevado hasta ahora. Desde este partido consideran «positiva» toda medida que implique «reducir la burocracia y simplificar los trámites administrativos para aquellas personas en riesgo de pobreza». No obstante, la aplicación de la ley genera dudas en cuanto al personal necesario para llevar a cabo esa revisión, su coste y su financiación. Asimismo, Ciudadanos es crítico con el hecho de que el establecimiento de las cuantías del salario social recaiga sobre la Junta General y no en el Ejecutivo regional. «El Gobierno, que es quien maneja las cuentas, debería asumir el riesgo de decidir esto, así como establecer un importe mínimo que se mantenga año tras año para evitar la incertidumbre que podría generar en la familias no saber exactamente lo que van a cobrar».

En Foro estiman que la prestación actual «debe modificarse, tanto procedimentalmente como procurando al prestatario una salida laboral». No obstante, «esta ayuda no debe ser un elemento que enclaustre a las personas en la exclusión social». Según el diputado Pedro Leal, el documento que se presenta hoy a información pública no cumple estas condiciones, ya que no refleja «qué se considera búsqueda activa ni contempla el fomento de la inclusión social» del solicitante.

En opinión del Partido Popular las medidas recogidas en este anteproyecto de ley «no son la solución». «La consejera sigue castigando a la gente que quiere trabajar y los socialistas no les dan respuesta». Así lo aseguró el diputado Matías Rodríguez, que aunque reconoció que «la ley actual está obsoleta y hay que cambiarla» defiende la iniciativa presentada por su partido, que pretendía ampliar las cuantías pero limitar su cobro a dos años, ampliables a un tercero salvo para las personas que por edad y salud estén exentas de trabajar. Esta limitación en el tiempo es para él «el asunto realmente capital a la hora de incentivar la búsqueda de empleo y asegurar que los sectores y colectivos que necesitan recursos económicos puedan acceder a ellos».

En Izquierda Unida aluden a la demora de una revisión que se acordó en el pacto de investidura de 2016. Aunque llega, dice IU, dos años tarde, este texto «recoge algunas cuestiones esenciales que veníamos solicitando desde hacía tiempo, como la inclusión de complementos sobre el salario básico para determinados colectivos -menores, personas dependientes o con discapacidad, así como un plus a la vivienda- o la mejora en los plazos de revisión de solicitudes». Sin embargo, este grupo parlamentario apunta que ahora «se abre un debate acerca de qué prestaciones sociales deben tener la consideración de derechos subjetivos».

Un debate que «exige la participación de las entidades sociales para que el documento se vea enriquecido». Algunas de ellas ya se pronunciaron ayer al conocer el texto adelantado por EL COMERCIO. Es el caso del Colegio de Trabajo Social, cuya presidenta, Belén Murillo, considera «absurdo» que el salario social exija la búsqueda activa de empleo. «El 90% de los demandantes ya lo buscan, otra cosa es dónde. Esta redacción parece culpar a los prestatarios», opinó. «No hay que exigir a la gente que busque trabajo, sino conseguir que haya empleo suficiente».

El director de Mar de Niebla, Héctor Colunga, señaló la necesidad de «diferenciar las necesidades». «Hay que discernir entre una necesidad de renta -que puede ser puntual- y de acompañamiento social. Los recursos orientados a una renta mínima no siempre deben llevar asociados ese acompañamiento».

Y para que éste sea una opción viable «debe ir dotado de coordinación y recursos». «Estaría muy bien si mejorase la relación entre los Servicios Sociales y el Servicio Público de Empleo», indicó.

 

Fotos

Vídeos