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Una pareja de personas mayores disfruta de un paseo por las calles de Oviedo. MARIO ROJAS
La patronal de los geriátricos actuará como acusación particular en casos de fraude

La patronal de los geriátricos actuará como acusación particular en casos de fraude

Ascege defiende «la calidad de los servicios que damos en Asturias» y exige al Principado que «la acreditación sea obligatoria para todos»

CHELO TUYA

GIJÓN.

Lunes, 27 de mayo 2019, 05:10

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En plena madrugada, el pasado 17 de marzo, la Policía Nacional se encontró a una persona de avanzada edad caminando, muy desorientada, por el centro de Avilés. El encuentro desveló la existencia de una residencia de mayores en la que los usuarios quedaban sin cuidados profesionales por la noche. Nadie sabía que uno de ellos había marchado. Ni que otro estaba en el suelo. Tras ser desvelada la noticia por EL COMERCIO, el Principado inició un expediente de cierre del centro. Este mes, tres trabajadores de un centro de Ablaña han sido condenados por la muerte de un usuario.

«Son casos que nos hacen alzar la voz». Así lo asegura el presidente de la patronal geriátrica asturiana, la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Asturias). Arsenio Alonso-Collada defiende «la calidad de los servicios que prestamos las residencias geriátricas en Asturias» y, además, apunta como «casos aislados» lo sucedido en Avilés y Mieres.

No obstante, es consciente de que en este sector «estamos siempre bajo la lupa» y remarca que casos como los conocidos recientemente a nivel nacional, donde los residentes eran golpeados o maltratados por el personal contratados, «nos indignan». «Exigimos acciones contundentes contra estas personas», plantea.

Una indignación que lleva a Alonso-Collada a anunciar que la patronal geriátrica asturiana está dispuesta «a personarse como acusación particular en casos de maltrato, fraude o negligencia». Según explicó el presidente de la patronal del sector, «es algo que hemos hablado ya en otras ocasiones». «Estas actuaciones atentan contra la dignidad. No sabremos si tendremos fondos suficientes, pero si detectamos algún caso o si se da a conocer, nosotros queremos presentarnos como acusación particular. Para defender al sector».

Uno que, recuerda el presidente de la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias, no pasa por su mejor momento, debido a «las falsas expectativas creadas por la Ley de la Dependencia».

En un informe presentado recientemente, Ascege, a través de la patronal estatal Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), a la que pertenece desde hace año y medio y que aglutina, en todo el país, a 180.00 plazas y 80.000 empleados, exige la creación de «un Ministerio de Mayores» que reciba «el 2% del PIB» y que aglutine «las actuales diecinueve leyes de la dependencia», ya que en cada comunidad autónoma el texto legal es aplicado de forma diferente. «Hay una clara desigualdad de acceso a los derechos que tienen las personas», lamenta Alonso-Collada, quien recuerda que «en Asturias es más difícil lograr el certificado de dependencia» o, como señala el informe, la tarifa por concertar plazas geriátricas «es la más baja del país».

Lamenta, también, la diferente carga del IVA. «Si un usuario de geriátrico tiene dependencia, se le aplica un IVA del 4% en el coste de la plaza. Si no la tiene, llega al 10%. Es una barbaridad aplicar una carga fiscal diferente», asegura.

«Hay un doble rasero»

Unas diferencias que no se quedan en la aplicación de la ley sino que, explica el presidente de Ascege, en Asturias llega a que haya incluso una doble vía para abrir residencias geriátricas. «En el Principado hay residencias acreditadas, que son las que tienen que pasar un riguroso filtro para poder atender a usuarios con dependencia, y otras que solo tienen una licencia de funcionamiento», explica.

Esa última modalidad de licencia, de menor carga, ya que los empresarios no pueden admitir en sus centros a personas que se beneficien de la Ley de la Dependencia, es la que tenía el centro clausurado en Avilés tras encontrar la Policía a un usuario en la calle y otro en el suelo. «Es una vergüenza que exista ese doble rasero. Una autorización de funcionamiento no está obligada a cumplir las mismos ratios que las demás. Y debería», incide Alonso-Collada.

Por ese motivo, la patronal geriátrica en el Principado exige que «todas las residencias tengan que estar acreditadas para poder tener licencia de apertura», lo que obliga a tener un alto nivel de plantilla por usuario, así como numerosos servicios.

«Para ser socio de Ascege es requisito obligatorio contar con la acreditación, recuerdan en el sector.

Esas plantillas, reconoce el presidente de Ascege, «están muy abandonadas». Se refiere a que «llevamos años con un convenio congelado, con pequeñas subidas salariales del IPC, y necesitamos inversión para poder dar la respuesta que necesitan».

Las cifras son contundentes: «El salario medio de un auxiliar son 1.200 euros al mes. De una enfermera, 1.500. Con estos salarios no podemos competir», asegura el presidente de la patronal geriátrica asturiana, la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias.

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