Más de 200 conductores se unen a la Unión de Consumidores de España para reclamar la devolución de peajes
Los transportistas se reúnen con tres despachos de abogados para decidir a quién confían sus demandas contra Aucalsa
La autopista del Huerna (AP-66, Campomanes-León) cumplió este 10 de noviembre un año desprovista de la doble calzada en todo su ... recorrido. El 10 de noviembre de 2024 un argayo sepultó un tramo y obligó a cerrar la infraestructura. La concesionaria Aucalsa contrató de urgencia a profesionales y maquinaria y así logró reabrir 17 días después, con un 'bypass' provisional que sortea el derrumbe con una limitación de velocidad de 40 kilómetros por hora. La empresa avanza en los trabajos para reparar el desprendimiento y recuperar la doble calzada, con la idea de lograrlo en verano.
Tal como avanzó EL COMERCIO, en julio Aucalsa abrió otro frente de obras. Los deterioros acumulados en el viaducto de Campomanes obligan a una reparación integral que se avanza con el concurso de una empresa especializada en ello. El punto crítico de esta actuación exigirá alzar con gatos hidráulicos el tablero dos centímetros para sustituir unas piezas de neopreno que tienen debajo. Para avanzar en las obras se están cortando carriles en el viaducto.
El mayor trastorno al tráfico sin embargo está en los siete túneles. El Ministerio de Transportes tiene una subvención de la UE de 68,1 millones para modernizarlos siempre que acabe el trabajo el 30 de junio a más tardar. Para no perder los fondos, lanzó un plan de choque, actuando en todos los túneles a la vez, lo que ocasiona cortes de calzada, con suerte, hasta el próximo junio.
Los conductores llevan así casi un año pagando íntegra la tarifa de una autopista que tiene sus prestaciones mermadas y que seguirá así hasta el verano. ¿Es justo? Una sentencia del Tribunal Supremo acaba de condenar a una concesionaria gallega a devolver los peajes cobrados en días en los que los usuarios sufrieron ralentización del tráfico y caravanas por unas obras. Se trata de un precedente que ahora se quiere trasladar al Huerna.
La vía de los consumidores
La Unión de Consumidores de España (UCE) abrió hace dos semanas un registro para ir recogiendo casos de conductores que hayan usado la autopista en este año y quieran reclamar una devolución del importe en base a la doctrina del Supremo. La organización ha abierto un apartado en su web para facilitar el trámite y roza ya los 200 inscritos. «Animamos a todas las personas afectadas a sumarse a la iniciativa», dice Dacio Alonso, presidente de la entidad. «Estamos valorando también la presentación de una denuncia ante la Dirección General de Consumo, instando a la apertura de un expediente sancionador contra Aucalsa por práctica y cláusula abusiva, de acuerdo con los criterios establecidos en la sentencia del Tribunal Supremo», abunda Alonso. «Toda la legislación aplicada por el Supremo en este ámbito es legislación de protección de consumidores, por lo que resulta aplicable a esta práctica y cláusula abusiva», agrega.
La organización estudia también dirigirse al Ministerio de Transportes, como titular de las autopistas estatales, «para exigirle que incorpore de inmediato los criterios del Supremo». De lo que se trataría es de que active una «suspensión del peaje o una reducción sustancial mientras se ejecutan obras en la autopista». Si la administración da el paso se podría evitar judicializar la reclamación en curso, razona el presidente de UCE.
No es el único frente que se le abre a Aucalsa. Daniel Ripa, exdiputado de Podemos y la persona que denunció la prórroga del Huerna ante la Comisión Europea, lidera ahora una plataforma ciudadana contra el peaje. Ya registró una petición a la Fiscalía General del Estado solicitándole que tome medidas para que se traslade a la AP-66 la sentencia del Supremo.
Los transportistas se mueven
La Federación asturiana de empresarios (Fade) sigue dando pasos en defensa del sector del transporte. Para ello el miércoles pasado la patronal organizó una reunión con los representantes de este colectivo. En la cita se analizó la estrategia jurídica que proponen tres despachos de abogados a los que se ha contactado para la causa; uno de ellos es gallego y los otros de Asturias. En síntesis se propone solicitar al Consejo de Ministros la reversión de la prórroga de la concesión y su anulación, además de hacer una reclamación patrimonial por los peajes cobrados durante las obras. Los representantes del transporte están a la espera de recibir las propuestas económicas de los tres bufetes para terminar de decantarse sobre a cuál de ellos encomiendan la defensa jurídica de sus intereses.
Por su parte, el Principado sigue preparando también su petición de nulidad para la prórroga, según recordó ayer el portavoz, Guillermo Peláez. El presidente Adrián Barbón, además, se comprometió a contratar a «los mejores administrativistas» para elaborar un informe jurídico que enviaría antes de que acabe el año a Bruselas para ayudarle con el procedimiento de infracción que sigue contra España.
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