Piden 4.500 euros de multa a una reclusa que no volvió a la cárcel tras un permiso

El ministerio público sostiene que la acusada, que se encontraba en la cárcel asturiana cumpliendo una pena privativa de libertad en régimen de tercer grado, disfrutó de un permiso penitenciario el 7 de diciembre de 2017 para incorporarse a un programa de inserción social de personas privadas de libertad relacionado con drogodependencia.

Sin embargo, ni acudió al programa ni retornó voluntariamente a la prisión, hasta que dos meses después, aproximadamente, fue detenida.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena y solicita que se condene a la acusada a quince meses de multa con una cuota diaria de diez euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.