Asturias registró 3.000 incendios desde que su plan de prevención caducó en 2016

El tiempo ha pasado sin que el problema desaparezca. Según los datos del Servicio de Emergencias (Sepa), entre enero de 2016 y el pasado mes de febrero se contaron 2.912 incendios forestales y 30.290,2 hectáreas perdidas. A estas cifras hay que sumar el monte calcinado durante la primera semana de marzo, cuando el bosque ardió en 39 concejos, con 380 focos contabilizados.

Fue la segunda oleada de incendios que sorprende a la región sin una estrategia de prevención en vigor, ello a pesar de que su actualización fue uno de los objetivos que se fijó el Gobierno autonómico en la presente legislatura. Así lo reconoció el consejero Guillermo Martínez en septiembre de 2015, cuando presentó en la Junta General sus metas para el mandato. En abril de 2017, durante un debate parlamentario, el propio Martínez aseguró que «durante este año se va a elaborar» el documento.

El propósito ha tropezado con diversos avatares administrativos. Fuentes del Gobierno autonómico reconocieron primero que la intención era privilegiar la redacción del Plan de protección civil de emergencias por incendio forestal (Infopa), documento que resultó aprobado en diciembre de 2017. Luego se aludió a las dificultades que oponía la nueva Ley de Contratos del Sector Público para confiar el encargo de forma directa al mismo equipo de la Universidad de Oviedo.

Desde la consejería se viene argumentando que a pesar de haber expirado el plazo de la estrategia 2013-2016, sus propuestas seguían aplicándose. Finalmente el Consejo de Gobierno pareció dar con la tecla jurídica el pasado noviembre, al autorizar al Sepa a suscribir un convenio con la Universidad para elaborar la nueva estrategia. En ella invertirá 74.000 euros.

La demora en emprender la tarea ha sido recriminada por la oposición, pero también por la propia Fiscalía asturiana. En la memoria que publicó sobre los hechos más notables de 2015 explicó que había investigado la situación, concluyendo que «puede deducirse que el Principado carece de un protocolo integral en materia de prevención de incendios, entendido el mismo como acciones tendentes a evitarlo». En el mismo informe señalaba que «lo único con lo que se cuenta es con diversas instrucciones y circulares, aisladas y de diferentes fechas (algunas sin fechar), en las que se describen ciertas actuaciones dirigidas a controlar el estado de los montes».

En 2017, tras la primera oleada de incendios sin dicho plan de prevención oficializado, la Fiscalía volvió a pedir explicaciones al Principado. El objetivo, según expresó la responsable del departamento, Esther Fernández, era valorar «si el que tenía la obligación de prevenir ese delito actuó correcta o incorrectamente, pues hay delitos por vulneración del deber de cuidado».

Aquellas pesquisas quedaron archivadas pero, vistos los escasos avances, la Fiscalía no se resigna. A principios de mes, en plena oleada de incendios, incoó una investigación propia con la que verificar si el Principado ha incurrido en los ilícitos aludidos. Para ello requirió al Sepa para que «actualice la información remitida en años pasados en relación con los protocolos existentes en materia de prevención de incendios, informando si ha actualizado los mismos».

La conveniencia de no quedarse en la extinción y apostar por la prevención es repetida por todos los especialistas en la materia, pero también por la Comisión Europea. En septiembre presentó su último informe anual sobre incendios, centrado en lo ocurrido en 2017. El análisis reconoce que Asturias sufrió entonces siete de los 56 'grandes incendios' del país, categoría que se concede a los fuegos que calcinan más de 500 hectáreas. Bruselas concluyó que en todo el continente «son necesarios más esfuerzos de prevención para frenar en el futuro el riesgo creciente» de incendios forestales, propiciado por el abandono del medio rural y el cambio climático.

«Es preciso invertir mucho más en la gestión forestal para garantizar mejores prácticas en toda la UE», constató la Comisión. Su informe confirma que «la mayor parte de los incendios tuvieron su origen en actividades humanas» y por tanto eran evitables. Para lograrlo invita a una gestión «adecuada de los bosques».