Podemos recrimina al Gobierno que no denunciara un supuesto delito en la empresa Gitpa

Los hechos los sacó a la luz la Sindicatura de Cuentas al analizar la contratación del Gitpa (Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación) entre 2006 y 2013. La auditoría detectó «indicios de fraccionamiento indebido». La Sindicatura pasó el dictamen a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, que no encontró motivos para tomar iniciativa alguna. El PP, por su parte, sí entregó el informe a la Fiscalía Superior del Principado, que a la postre fue la que puso la demanda en vía penal.

«¿Por qué no es el Gobierno asturiano el que actúa de oficio a la vista del informe de la sindicatura?», recriminó Lorena Gil, diputada de Podemos. La formación recuerda que Gitpa dependió de la Consejería de Administraciones Públicas, «la misma en la que se fraguó el 'caso Renedo' y en la que queda probado un absoluto descontrol». Juan R. B. mantiene que es inocente y sostiene que fue el bufete que asesoraba al consejo el que avaló la legalidad de los contratos. «Teniendo a sus órdenes en la empresa a una gerente de contratación, abogada de formación, le debería haber advertido de la ilegalidad de este procedimiento», tercia Lorena Gil.