El Poder Judicial teme que a partir de enero los ciudadanos acaben «deambulando» por los juzgados

Al final también conllevaba que jueces jóvenes tuvieran que iniciar la carrera fuera de los principales núcleos, atendiendo asuntos de toda materia, trabajando en solitario. El reparto daba lugar a una desigual carga de trabajo. «Tenemos 18 partidos judiciales y eso provoca que sí, tengamos mayor proporción de jueces, pero desaprovechados. Hay jueces con mucho trabajo y otros en una situación más cómoda», lamentaba en 2019 Ignacio Vidau, a punto de cesar como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras 16 años en los que trató por varios medios cambiar esa organización. La dispersión también perjudicaba a fiscales, procuradores y abogados se veían en la obligación de ir peregrinando de un juzgado a otro en función del asunto.

Ahora, para «racionalizar» la organización, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia suprime los juzgados unipersonales y agrupa a los jueces en Tribunales de Instancia. Cumplirán su función de forma colegiada, con más colegas, y abarcando desde esa nueva unidad más territorio. En función del tamaño, también se pueden crear secciones especializadas. El nuevo diseño en Asturias implica concentrar en 18 juzgados lo que antes estaba disperso en un centenar.

En julio y octubre se completaron las dos primeras fases del cambio y ahora toca la tercera y última. Afectará a los juzgados de lo Penal, Social o Contencioso-Administrativo, ahora en Avilés, Gijón, Langreo, Oviedo y Mieres. Ante lo que se avecina y dada la experiencia acumulada, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por primera vez mandar una comunicación al ministerio y a las administraciones autonómicas compartiendo sus temores. Urgen a «invertir en infraestructuras, avanzar hacia una gestión totalmente informatizada y aumentar el número de plazas judiciales». También pide más refuerzos en las plantillas.

Los juzgados unipersonales «han asentado una imagen que forma parte de la cultura popular» y el ciudadano «no conoce en detalle» el cambio que viene. Por ello el CGPJ pide potenciar la atención al público en las sedes, «especialmente en las más grandes, e incluso facilitar folletines que simplifiquen el conocimiento de las nuevas estructuras».

Considera «imprescindible» renovar la señalización que hay en las sedes y que no continúe indicando al ciudadano dónde está el juzgado cuando debe buscar los «servicios comunes, áreas, equipos, etcétera». El objetivo es que «quien vaya a interesarse por el estado de un asunto no se vea obligado a deambular por la sede judicial hasta encontrar al funcionario que lo tramita, que puede estar alejado del despacho del juez competente para resolverlo, a donde se dirigirá intuitivamente».

Aprovechando el cambio, el CGPJ pide que los letreros incluyan «de modo claro e inequívoco el escudo nacional como expresión de que en esos edificios y espacios –aún cuando sean de titularidad autonómica– se ejerce un poder del Estado».

Sostiene el Poder Judicial que la nueva organización «obliga a realizar grandes inversiones en el futuro para adaptar la infraestructuras de las sedes judiciales», pues la mayoría se diseñaron «pensando en el modelo parcelado de juzgados». Por ello, insta a las comunidades como el Principado a que «dispongan al menos de la liquidez necesaria para afrontar las adquisiciones y reubicaciones más sencillas».

El sistema precisa de «una gestión totalmente informatizada», algo que no se está logrando en Asturias, donde las quejas al Principado por los problemas de los equipos siguen siendo frecuentes. Estas incidencias «pueden ocasionar pérdidas o extravíos y, en consecuencia, suspensiones y aplazamientos», indica el comunicado. El CGPJ pide «redoblar los esfuerzos» en la materia.