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Cuando un problema pasa de ser «el decimosexto para los españoles cuando Pedro Sánchez comenzó a gobernar a ser, hoy, el primero», es evidente ... que algo grave pasa, sea por un cambio en las condiciones socioeconómicas de una comunidad, bien por la inadecuación de la normativa legal. La senadora Paloma Martín, vicesecretaria nacional de Vivienda del PP y miembro de la Comisión de Vivienda del Senado, visitó ayer Asturias para explicar a los constructores el «Plan de Vivienda de Alberto Núñez Feijóo» con el que los populares proponen hacer frente desde la Administración nacional a esta problemática, que definió en cifras: «Desde que gobierna Pedro Sánchez, el precio de la compraventa se ha incrementado en un 37%, y el del alquiler, en un 41%. Los jóvenes españoles se emancipan por encima de los 30 años de edad, mientras que la media europea está en los 26. Hay 80.000 viviendas okupadas y 25.000 inquiokupadas –okupadas por inquilinos que han dejado de abonar el alquiler– y los propietarios se pasan más de dos años en los juzgados para recuperarlas. Hay una hipertrofia normativa, y cuando un suelo rural se comienza a desarrollar, pasan entre diez y quince años hasta que se entregan las llaves. Y hay una inseguridad jurídica total, así como falta de confianza en el Gobierno por parte de los promotores. El Gobierno ha intervenido el mercado del alquiler, ha demonizado a los propietarios y hoy los okupas tienen más derechos que los dueños».
Martín, preguntada por qué razón lleva a que la proposición de ley del PP sea mejor que la que el Congreso acaba de rechazar y que presentaban en conjunto PSOE y PNV, de la que se dijo que era una copia de la ley del PP de 2018, precisó que «la que presentamos ahora se adapta a las condiciones actuales. La situación de 2018 no es la actual, y la nuestra es una ley reformista que afronta la base de los problemas. Baste decir que la propuesta de PSOE y PNV afectaba a dos leyes, mientras que la nuestra modificará seis».
Las medidas son, cuando menos, contundentes. La primera a la que aludió Paloma Martín es «fijar un periodo de excepción de 48 meses –cuatro años– para acelerar la construcción de viviendas que se necesitan en España». Para dejar esto claro, Martín había indicado previamente que «hoy se construyen en España unas 100.000 viviendas anuales, cuando la demanda supera las 250.000 al año, y en el último informe del Banco de España se señala que la necesidad actual es de 600.000 viviendas».
Otra modificación que vendrá con la proposición de ley consiste en la obligatoriedad «de que las Administraciones públicas pongan a disposición de los promotores las bolsas de suelo sin uso que tienen disponibles tanto los ministerios como las sociedades públicas». Del mismo modo, el PP apoyará la creación «de un Portal del Suelo, que actualice en tiempo real la disponibilidad de suelos públicos urbanizables en todo el país».
Y la fiscalidad, posiblemente la medida más directamente favorecedora para un sector concreto, la juventud. En primer lugar, una crítica al Gobierno del PSOE y Sumar que se convertirá, si la iniciativa de ley prospera, en una modificación importante: «Los jóvenes que tenían 29 o 30 años cuando Pedro Sánchez comenzó a gobernar tienen ahora 36 ó 37, y quedarían fuera de las ayudas. Pero nosotros proponemos llevar estas ayudas hasta los 40 años, para no dar a una generación por perdida.
En fiscalidad, varias modificaciones: «Implantaremos ayudas al alquiler y a la compra, reduciremos al 4% la carga fiscal de patrimoniales y el IVA tanto para construcción como para rehabilitación. Bonificaremos al 100% las donaciones hasta el tercer grado de parentesco y crearemos la Hucha Hogar Joven, con aportaciones de hasta 40.000 euros y avales por otros 40.000. Además, implantaremos el Plan Ahorra Joven, que fijará cuatro años de deducciones a quienes empiezan a trabajar si compran una vivienda».
Y un asunto espinoso: «Limitaremos la nulidad de los Planes de Urbanismo que están paralizados por cuestiones formales o de tramitación, así como derogaremos las zonas de mercado tensionado y haremos de la Administración una instancia más eficaz en la gestión de informes y licencias, con silencio administrativo positivo».
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