El presidente del TSJA confía en que se llegue a un «entendimiento» con los letrados de Justicia «cuanto antes»

La huelga de letrados de la Administración de justicia (LAJ), que va camino de cumplir un mes, continúa obligando a aplazar juicios y procedimientos jurídicos en Asturias ante la resignación de jueces, abogados y clientes, que esperan que las asociaciones de letrados de justicia desconvoquen la huelga pronto.

Precisamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, no dudó en pronunciarse ayer sobre esta huelga, si bien anotó que desconoce el número de juicios aplazados. Lo hizo instantes antes de la jura de Laura Sotorrío Fernández-Mijares, anterior jueza de Tineo, como magistrada.

Chamorro aseguró que «no me corresponde a mí hacer una valoración sobre la huelga», aunque reconoció que «sí está habiendo cierta afección», en referencia a los juicios, vistas y procedimientos jurídicos aplazados desde el 24 de enero por la ausencia del letrado de Administración. En Asturias estas cancelaciones suman ya 2.600 procedimientos, según cuantifica la Asociación de Letrados de Administración de Justicia

Respecto a la incidencia, el presidente del TSJA se atuvo a los datos del Ministerio de Justicia, que cuantifican que la huelga está siendo secundada por el 50 o el 60% de los letrados de Administración, «dependiendo del día». En relación con esto, Chamorro desmintió que se estén celebrando juicios sin la presencia del letrado de Administración y añadió que precisamente esto es lo que está generando un gran atasco, del que aún se desconoce la «incidencia real que va a tener», especialmente para los ciudadanos. Pese a la incertidumbre de la magnitud de los paros y sus consecuencias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia propuso que, una vez que se concreten estas consecuencias, «se podrían evaluar medidas de refuerzo junto con el Ministerio y el Poder Judicial», aunque «en este momento no podemos hacer un análisis de qué se puede hacer».

A pesar de la situación, cada vez más tensa dado el agotamiento de los letrados de Administración de justicia, la aparente pasividad del ministerio y la falta de un acuerdo por el que las peticiones de los secretarios se vean satisfechas, Jesús María Chamorro reconoció que las demandas de los huelguistas son «legítimas, cada cuerpo lucha por sus reivindicaciones tanto de orden retributivo como profesional». De igual forma, destacó la labor de los secretarios judiciales, asegurando que «son un instrumento clave en el engranaje judicial. Al final todos prestan un servicio imprescindible». Se refirió así a las tramitaciones de informes forenses, de los procedimientos judiciales, de las medidas cautelares y, en general, a todas las actividades de las que se encargan los secretarios judiciales y sin las cuales los juicios no pueden celebrarse, ya que son procedimientos que «requieren de la fe pública de los letrados». De esta manera, pese al papel administrativo que estos secretarios desempeñan, Chamorro indicó que «son el instrumento del que se sirven los jueces para cumplir esa función de aplicar el derecho al caso concreto, juzgar y ejecutar lo juzgado».

Con respecto al final de la huelga, que no parece vislumbrarse aún, no quiso, pese a no ser «ajeno» a ello, aventurar una fecha concreta: «No me atrevería en absoluto a hacer juicios y prejuicios sobre cómo, cuándo y de qué forma puede acabarse la convocatoria. Depende de los convocantes y del Ministerio de Justicia». No obstante, el presidente del TSJA espera que «cuanto antes, haya un entendimiento entre los representantes de los letrados y pueda ponerse fin a la huelga».

Ayer, las asociaciones de letrados de Administración de justicia contabilizaron un seguimiento del 71,57%, con 73 letrados secundando la huelga y 40 servicios mínimos. Esta tarde el comité de huelga se reunirá en Madrid con el secretario de Estado Tontxu Rodríguez para tratar de llegar a un acuerdo con el ministerio sobre los pactos «a los que se comprometieron en abril, pero el cumplimiento al día de la fecha no ha tenido lugar». Un encuentro en el que las asociaciones tienen puesta «toda la esperanza» para volver a la normalidad y revertir «los perjuicios que se están ocasionando a la Justicia y a cada ciudadano».