Los primeros refuerzos de plantilla irán a gestión de ayudas a vivienda y la oficina económica

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la primera modificación del año de los intrumentos de ordenación de puestos de trabajo. La reestructuración tiene por objetivo «reforzar servicios esenciales, mejorar la eficiencia en la gestión y adaptar la organización a la Ley de Empleo Público», según informó el Princiado.

Los cambios comportan crear doce plazas más. De ellas cinco servirán para reforzar el área encargada de la gestión de ayudas en la Consejería de Vivienda, un departamento que acumula retrasos para sacar adelante las subvenciones del alquiler, entre otras. Hay cinco puestos también de nueva creación para descargar el área de contratación y la oficina presupuestaria de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar; el departamento está mostrando dificultades para mantener una agilidad en el pago a proveedores.

Una plaza permitirá contratar a un psicólogo para el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, con objeto de mejorar la atención a las mujeres que llegan al mismo. En 2020 se creó este centro, como un proyecto innovador, y el pasado curso la Consejería de Presidencia encargó a la Inspección General de Servicios que hiciera una evaluación del funcionamiento interno al objeto de determinar cómo mejorarlo. Se trata de un tipo de pesquisas que puede llevar entre sus conclusiones nuevas necesidades de personal.

También se aprovecha para crear el puesto de secretaria de la Oficina Económica de Presidencia, un departamento que tendrá a un director y dos subdirectores que hagan de enlace entre el presidente Adrián Barbón y el sector empresarial.

El Consejo de Gobierno también dio luz verde al modelo de convenio que permitirá dar la Formación Profesional dual intensiva. Esta variante supone 700 horas entre el primer y el segundo curso, lo que son 200 más que el régimen general.