«El Principado abandona sanitariamente a 32.000 alumnos de la concertada»

Si hay incertidumbre e inquietud en la pública ante el nuevo curso, pese a los 30 millones que va a recibir en la protección contra la COVID-19, mayor es la preocupación en la red concertada, que ha quedado excluida de ellos. La «bomba» estalló el lunes. Se lo temían, dice el presidente de Escuelas Católicas, Simón Cortina. Primero, «por las declaraciones que venían haciendo los políticos y, después, al ver que la consejera de Educación, Carmen Suárez, no comparecía sola en rueda de prensa, sino con el vicepresidente, Juan Cofiño». Ante una situación tan atípica como la propagación de un virus que afecta a toda la población, el Principado dejaba fuera a sesenta centros de titularidad privada, pero sostenidos con fondos públicos y que cuentan con 32.000 alumnos, el 30% de los estudiantes asturianos. Esto es, «uno de cada tres se quedará al margen. Si todos estamos sostenidos con fondos públicos y prestamos un servicio público, como indica la LOE en su artículo 108, es una clara discriminación».

En el trasfondo solo ven «razones políticas o ideológicas». Ninguna sanitaria. «¿O es que acaso los alumnos de la concertada tienen menor riesgo?». Lamentan que haya vuelto a salir «el eterno debate trasnochado y simplista de que somos centros de élite y los de la pública, los de los necesitados, cuando todos somos plurales, un reflejo del barrio».

Así lo entienden después de que Cofiño les pidiera «hacer un esfuerzo». «¡Pero si llevamos desde 1985 haciendo esfuerzos. Tenemos un máster en eso!», añade José Manuel Cueto, secretario general del sindicato Otecas. Y desgranan: «Tenemos la ratio de profesores más baja de toda España -en Infantil, un profesor por unidad (cifra que sube a 1,08 en algunos centros) y en Primaria, 1,17; más alumnos en clase, nuestra jornada completa son de 25 horas frente a las 21 y 18 de la pública. Eso, sin recordar que los gastos ordinarios no se cubren».

El Principado les pide esfuerzo y la concertada se pregunta cómo. «No podemos contratar profesorado al margen del concierto. Solo a aquel al que nos autorizan conforme a la ratio. De lo contrario, lo incumpliríamos y podrían penalizarnos. Sería una ilegalidad».

Por todo ello, creen que el Gobierno regional «debe rectificar porque esta decisión no tiene justificación. Está haciendo dejación de funciones. Porque si un alumno de uno de nuestros centros se contagia, ¿de quién será la responsabilidad? De la consejería, ¿no?», indica Fernando Redondo, director del colegio El Pilar, de Pola de Lena. «Yo creo que no han hecho bien los cálculos. La responsabilidad que tenemos todos es muy grande y actuar con responsabilidad es tener a todos los alumnos atendidos».

«Hay que poner al niño en el foco, subraya Chuseta Fuente, profesora de Primaria en La Asunción y representante del profesorado de Escuelas Católicas. «En este momento se está abandonando sanitaria y pedagógicamente a 32.000 alumnos». Por eso, confían en que se dé marcha atrás porque no podrían empezar el curso en las mismas condiciones de seguridad. La vicepresidenta de Concapa, Sandra Nieto, advierte también de que las familias no llevarán a los niños al colegio hasta que no se clarifique toda esta situación.

En el coloquio con la pública, docentes y padres indicaron que «no se puede ser tan tajante. Los niños son niños» y apostaron por un equilibrio de esos fondos. Mientras, la concertada sigue sus reuniones con los grupos parlamentarios. Ayer, con Ciudadanos. Su portavoz, Laura Pérez Macho, pidió al Principado que «no se lave la manos con la salud de un tercio de los estudiantes».