El Principado de Asturias ve en los jueces de la UE la vía para acabar con el peaje de la autopista del Huerna y forzará que el caso les llegue
La Alianza de las Infraestructuras se reúne para analizar una estrategia administrativa y jurídica que pasa por abrir nuevos frentes para acelerar la nulidad
Y después de sacar a 5.000 personas a la calle para pedir el final del peaje del Huerna, ¿ahora qué? La respuesta la ... dará el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que tiene convocada hoy a la Alianza de las Infraestructuras, foro en el que están sentados los partidos con representación parlamentaria, los agentes sociales, las cámaras de comercio y las entidades más significativas del mundo del transporte. En total más de 20 interlocutores a los que detallará su estrategia política, administrativa y jurídica para lograr la supresión efectiva del peaje.
En el plano político el consejero estrecha un frente con sus homólogos de la Xunta y Castilla y León. El dictamen motivado de la Comisión Europea concluyendo que la prórroga de la autopista del Huerna incumplió la normativa comunitaria hace la misma consideración con la AP-9 gallega. Los consejeros gallego y castellano y leonés, ambos del PP, rehusan llevar la presión a la calle y prefieren los despachos. Junto a Calvo han pedido al ministerio copia de los expedientes de prórroga de las concesiones y posterior venta y negocian una declaración institucional conjunta.
También se ha solicitado a Transportes poder sentarse a negociar la situación, algo que el equipo del ministro Óscar Puente, desestima. Los socios de la Alianza tratarán de que el consejero se sincere y detalle si, como parece, no hay margen a la negociación con Transportes, al objeto de instar a redirigir la presión al presidente Pedro Sánchez. Calvo viene indicando que ha podido tratar el asunto con el secretario de Estado y que ambas partes hablan «idiomas distintos».
Cegada esa vía, la baza que jueza Calvo para mantener vivo el frente político es la de defender que el proyecto de presupuestos generales del Estado que se elabora debe incluir una bonificación del 100% en el Huerna. Es una petición respecto a la cual sus homólogos gallego y castellano y leonés guardan distancia.
Al margen del plano político, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha comprometido a reclutar a «los mejores administrativistas» para preparar un informe que remitir a la Comisión antes de que acabe el año. Esos argumentos jurídicos serían la base para solicitar al Consejo de Ministros que aplique una revisión de oficio a la prórroga del Huerna hasta 2050 y la anule. Lo previsible es que el Ejecutivo central rechace la idea o deje correr el tiempo sin darle respuesta. Seis meses después de hecha esa gestión, el Principado quedaría facultado a llevar la petición directamente al Tribunal Supremo. Es una vía que, hace ya cinco meses, activó el exdiputado Daniel Ripa. La patronal Fade por su parte viene sondeando distintos bufetes para emprender un camino similar.
Con todo, la principal esperanza del lado asturiano está fuera del país. En TPA el presidente Barbón dijo el viernes que su expectativa es que este expediente «pronto acabará en el Tribunal de Justicia de la UE. Con el dictamen tan contundente, el TJUE lo que va a establecer es que es una prórroga ilegal y es nulo, y por tanto acabara con él». La estadística juega a favor de esa perspectiva. Tal y como desveló ayer ELCOMERCIO, España acumula en el TJUE 55 condenas totales o parciales por incumplimientos normativos denunciados por la ComisiónEuropea. Desde 2010 los abogados que defienden al Reino de España en el tribunal con sede en Luxemburgo no ganan un caso a Bruselas.
Sabedores de las opciones que hay en Luxemburgo, una de las prioridades del Principado es la de poder abrir nuevas vías jurídicas que aceleren que el TJUE analice el caso.Para ello el equipo de Calvo sopesaba impulsar procedimientos en los tribunales nacionales o en las instituciones comunitarias.
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