El Principado pone coto a las subvenciones nominativas: aumentan los controles

El síndico mayor advirtió de que el 30% de las subvenciones analizadas se utilizan para financiar actividades ordinarias de los beneficiarios, o actuaciones que, por su naturaleza, deberían ser financiadas por otros medios. Además, señaló que el 82% de estas subvenciones «son recurrentes, concedidas durante varios ejercicios consecutivos».

Frente a ello, el consejero explicó que el informe pone de manifiesto que el Principado concedió en 2023 un total de 553 subvenciones nominativas por un importe de 48,6 millones de euros, lo que representa únicamente el 0,7% del presupuesto de la administración en ese ejercicio. Reconoció que la legislación actual es «parca» a la hora de delimitar el uso de este tipo de subvenciones y consideró que el «extenso y sesudo» informe de la Sindicatura de Cuentas busca cubrir ese vacío, con el fin de «introducir prácticas en la administración que aseguren una mejor eficacia y eficiencia en la asignación del gasto público». En este sentido, valoró «muy positivamente» el documento, que incluye una serie de recomendaciones y conclusiones dirigidas a la Administración autonómica, que ya fueron contestadas mediante alegaciones tanto por los órganos gestores como por la propia Intervención General de la Administración del Principado de Asturias.

Así, el consejero explicó que el Principado ha hecho suyas algunas de estas recomendaciones, como el refuerzo del control posterior de estas subvenciones nominativas. Para ello, detalló que la Intervención del Principado acaba de finalizar una auditoría interna correspondiente al año 2023 y está trabajando en la de 2024. «Hacemos nuestra la recomendación de que la intervención realice estos controles», señaló Peláez, quien compareció en la comisión junto al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el director del Finba, Faustino Blanco.

Igualmente, y en atención a las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, que considera insuficiente introducir únicamente en los presupuestos la referencia nominal del futuro beneficiario, el consejero confirmó que en el proyecto presupuestario de 2026 se incluirá una mención específica de que se trata de subvenciones nominativas, así como una indicación sobre el objetivo de las mismas. En relación a la recomendación de que los secretarios generales técnicos elaboren instrucciones internas para homogeneizar la tramitación de las subvenciones nominativas, Peláez confirmó que también se está trabajando en esa dirección.

Sin embargo, el consejero indicó que no comparte otras alegaciones, como la relativa a la «recurrencia», ya que, según argumentó, «entendemos que el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones, que define las subvenciones, no establece ninguna limitación en este sentido, ni tampoco a la propia subvención nominativa, siempre y cuando se mantenga el fin de interés público o utilidad social que justifica su concesión». Asimismo, la consejería considera que no es necesario, desde un punto de vista legal, el control a priori de los requisitos del beneficiario antes de aprobar la ley de presupuestos, ya que, según el Tribunal Constitucional, «un proyecto de ley no tiene ningún valor jurídico». No obstante, recalcó que el control de los requisitos «se comprueba en el momento de la concesión o la ejecución del programa».