El Principado de Asturias lanza un ultimátum para zanjar el conflicto de los educadores sociales

Por la mañana a un lado de la mesa estuvieron la gerente del ERA, el director general de Empleo Público y las secretarias generales técnicas; al otro lado los comités de empresa tanto del ERA como de la consejería.«Fue una reunión para tomar nota de cuáles eran las urgencias comunes que teníamos», relató Belén Ordiz, presidenta del comité de empresa de los geriátricos públicos. «Pusimos sobre la mesa la falta de personal, el trabajo a mínimos [esto es, sin cumplir los ratios mínimos en cada turno] y los retrasos para cubrir las bajas», agregó.

Sobre las bajas la gerente se comprometió a hablar con las direcciones de cada centro para que adelanten sus peticiones. Sobre las plantillas, entre las soluciones reclamadas están pasar a vacantes ordinarias los puestos que ahora se cubren con contratos fijos discontinuos, una fórmula que está permitiendo «tener seis meses, en verano, navidad y semana santa, a psicólogos y fisioterapeutas», indica como ejemplo. La respuesta fue «decirnos que eso dependerá del presupuesto de 2026 y que lo plantearán al resto de partidos para ver si lo apoyan».

Las espadas, en lo tocante a la red de residencias, quedan en alto a la espera de una mesa de negociación específica que tendrá lugar hoy. A última hora las centrales seguían esperando la documentación que querían analizar de cara a la misma y la administración rehusaba dar su versión de las conversaciones.

Más peso político se invirtió en la reunión de la tarde, centrada en las reivindicaciones que afectan a la Consejería de Derechos Sociales. «Tuvimos enfrente a la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco; el de Hacienda, Guillermo Peláez, y la viceconsejera de Justicia,Encarnación Vicente Suárez», relata la presidenta del comité de empresa, Elida Vázquez. En esa mesa la administración llegó «con un ultimátum, una propuesta definitiva; nos dicen que o la aceptamos, o se retira todo y hay que volver a la casilla de salida», refiere.

La parte sindical se muestra sorprendida.«Ahora tienen prisa por cerrar la negociación, cuando nos hemos pasado meses quejándonos de que nos retrasaban las reuniones», indica.

Sobre la propuesta, la presidenta declinó transmitir concreciones hasta hablar con los trabajadores. La parte sindical está en la idea de someter la oferta a la consideración de una asamblea «porque esto afecta a todos, no solo a los que están afiliados».

Por eso y porque reconocen que la propuesta «no nos da el 100%, hay cosas en las que se gana y otras en las que se pierde, y hay que sopesarlo todo». Uno de los asuntos que espolearon la protesta es que el proceso para estabilizar las plazas ahora ocupadas por cerca de 600 educadores sociales temporales tenga como requisito contar con una titulación que, en Asturias, solo concede una institución privada. «Ha habido avances y eso ya no es un escollo como al principio, pero necesitamos que nos pasen la documentación que formaliza la oferta que nos han hecho de viva voz», solicita Elida Vázquez.

El jueves los delegados presentes en el comité de empresa quedaron en analizar la situación de cara a esa posible asamblea. La consejería por su parte eludió también detallar aquí su versión de los hechos.