El Principado asumirá las exhumaciones de fosas y sancionará su destrucción

El Principado asumirá las exhumaciones de fosas y sancionará su destrucción
Los restos óseos hallados en Agones.

La nueva normativa reconoce a los ciudadanos el derecho a localizar a las personas desaparecidas en Asturias

EFE

La Ley de Memoria Democrática que el pleno de la Junta General aprobará el próximo viernes obligará al Principado a asumir los gastos de inhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil y del franquismo y contempla sanciones de hasta 150.000 euros para quienes destruyan dichos enterramientos.

El texto, presentado por IU y que saldrá adelante con el respaldo de PSOE, Podemos y Ciudadanos, «impulsa y refuerza» el papel de la administración autonómica respecto a lo previsto en la ley estatal para salvaguardar los derechos de las víctimas del franquismo.

Así, la nueva normativa reconoce a los ciudadanos el derecho a localizar a las personas desaparecidas en Asturias y atribuye al Principado la obligación de tomar las medidas necesarias para hacerlo y asumir los gastos derivados de la identificación de los cadáveres y de su sepelio e inhumación así como de trasladar a la autoridad judicial las pruebas de los posibles delitos.

Los terrenos que ocupan las fosas podrán tendrán consideración de fines de utilidad pública o interés social para permitir su ocupación temporal durante dos años y en los que sean de titularidad privada se buscará un acuerdo con sus propietarios y, en caso de no alcanzarse, se procederá a su expropiación.

En este sentido, el régimen sancionador de la ley considera infracción muy grave -con multa de entre 10.000 y 150.000 euros- la construcción o remoción de terrenos sin autorización donde haya certeza de la existencia de desaparecidos; las excavaciones sin autorización; la destrucción de zonas ya incluidas en el mapa de fosas o de aquellas que constituyeran un hallazgo desconocido.

Como infracción grave -con multa de entre 2.000 y 10.000 euros- se tipifica la no conservación de lugares de la memoria democrática; trasladar restos sin autorización; no comunicar el hallazgo de restos o no retirar elementos conmemorativos del franquismo, incluidos los que estén en propiedades privadas que den a la vía pública.

La ley contempla también la elaboración de un censo de víctimas o desaparecidos con datos aportados por las familias así como la creación de un banco de ADN que permita cotejar los restos de personas desconocidas y exhumadas de una fosa con los de los familiares que se incorporen a dicho registro.

Asimismo, obliga al Principado a dar a quienes formaron parte del Consejo Interprovincial de Asturias y León y del Consejo Soberano de Asturias y León durante la Guerra Civil un trato «análogo» al que reciben quienes han formado parte de los gobiernos autonómicos, un reconocimiento extensible a quienes trabajaron para esos órganos y que deberá será desarrollado por vía reglamentaria.

Según la portavoz de IU, Concha Masa, la ley, que prevé crear un museo específico de la Guerra Civil y la represión, era «imprescindible», busca la concordia y debe servir para restañar heridas y aplicar los principios de justicia y reparación que recomiendan los organismos internacionales.

«Dará luz a mucha gente que, desde hace más de 40 años, está esperando tener un reconocimiento y sacar a las víctimas de las cunetas», ha apuntado Masa tras agradecer el trabajo del resto de grupos parlamentarios y el debate «respetuoso» en su tramitación.

Para el secretario de Memoria Democrática de IU-Asturias, David Fernández, la nueva normativa permite superar «el muro de burocracia» al que se enfrentaban los familiares de las víctimas y evita, al complementar la norma estatal aprobada hace doce años con aspectos no atendidos entonces, «que tengan que seguir picando de puerta en puerta para saber dónde está su abuelo».