El Principado cerró siete geriátricos por irregularidades en los últimos cuatro años

Así lo explica Paula Álvarez, directora general de Gestión de Prestaciones y Recursos, que deja claro, también, que «en ningún caso se trató de un problema de maltrato a los usuarios. Fueron por cuestiones administrativas, como carecer de autorización o incumplir la legislación». La última, y más pública, la residencia La Fontana, clausurada en Avilés el 11 de abril pasado, después de que la Policía se encontrara, en la madrugada del 17 de marzo, a uno de los usuarios vagando por el centro de la ciudad. Al llegar a la residencia, tal y como adelantó EL COMERCIO, los agentes descubrieron que no había personal de atención para los residentes. Uno de ellos estaba tirado en el suelo.

Tampoco el maltrato estuvo detrás de las veinticuatro multas impuestas en los últimos cuatro años. Una de ellas, aún en tramitación, llegara los 250.000 euros. Es la más alta. «En Asturias no hemos registrado los problemas que se han visto en otras comunidades, con maltrato evidente a los usuarios. Las multas son todas por cuestiones administrativas». Incluso las denuncias presentadas, «94 en toda la legislatura», tampoco tienen detrás un problema «de agresión física o verbal a los mayores. Llegan quejas por el tipo de comida, por el número de cambios posturales o por escasez de plantilla, pero tengo que decir que no nos hemos encontrado ninguna como estas que se han visto en los medios de comunicación detectadas en otras comunidades autónomas».

No es algo propio de esta legislatura, reconoce Paula Álvarez, ya que «un análisis a la estadística del Principado nos deja el mismo resultado: un bajo número de denuncias de las que pocas concluyen en sanciones». De las 94 presentadas en los últimos cuatro años, veintinueve concluyeron con apertura de expediente. El 30% del total.

Lo que sí ha sido diferente esta legislatura, precisa la directora general de Gestión de Prestaciones y Recursos, es la modificación del plan de inspecciones. «Desde 2016 decidimos hacer campañas específicas, similares a las que lleva a cabo la Agencia Tributaria». Una decisión que Paula Álvarez justifica con números: «Pensar que con seis inspectores se puede inspeccionar cada año los 552 centros que hay en la región es imposible». Un volumen el de centros que engloba más allá de la atención residencial. Los seis integrantes del equipo de inspección de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales tienen bajo su control 234 centros de mayores; 94 de personas con discapacidad; 85 guarderías o ludotecas; 76 centros de día; 50 centros de menores; ocho centros rurales de atención diurna y, también, cinco centros para atención a víctimas de maltrato.

Una gestión que derivó, a cierre de legislatura, en 720 expedientes diferentes. «Tenemos una actividad muy elevada», asegura la directora general de Gestión de Prestaciones y Recursos, que apunta como novedad los 432 derivados «de las campañas monográficas. En 2016 nos dedicamos a controlar la ratio de personal en los centros privados. Se abrieron 309 expedientes», un estudio que concluyó en que el 90% de los centros «cumplen».

En 2017 y 2018, la diana se puso en los centros públicos, «a los que pedimos informes de seguridad», así como en los centros que ya cuentan con acreditación, «a los que hemos planteado revisiones para mejorar aún la calidad que ya dan». Seis de ellos se encuentran en ese proceso.

Y, por si fuera poco, la legislatura comenzó con el susto para las personas que trabajan en ayuda a domicilio. Concluía el plazo para lograr una acreditación laboral sin que se hubieran abierto los concursos habilitadores. «Al final, la propuesta de Asturias en el Consejo Territorial, logró aumentar el plazo y mejorar las condiciones», explica Álvarez. Eso llevó a que su departamento recibiera 873 solicitudes de habilitación profesional. «Eso fue ya un plus de actividad», que concluyó con 545 acreditaciones definitivas y 171 provisionales aprobadas.

Una acreditación que, en lo que a centros se refiere, el Principado quiere extender a todos los dispositivos abiertos. «Ahora mismo, de los 234 centros para mayores abiertos, 65 no tienen acreditación, solo disponen de autorización de funcionamiento». Es decir, son centros plenamente legales, «donde los usuarios reciben un trato de calidad», pero no cumplen los niveles máximos a los que obliga una acreditación. «Ni pueden concertar plazas con la Administración ni sus usuarios beneficiarse de la Ley de la Dependencia».