El Principado se compromete a recoger en su contabilidad una previsión de multas derivadas de litigios
La oposición critica la falta de auditorías en Cadasa y Cogersa
El Gobierno del Principado se comprometió esta mañana a llevar a cabo una previsión económica anual para cuantificar el riesgo de menoscabo de su patrimonio ... como consecuencia de procedimientos judiciales que puedan resolverse en contra de los intereses de la Administración autonómica con el objeto de realizar provisiones económicas ajustadas a este tipo de circunstancias. Esto es, se comprometió a recoger en su contabilidad una previsión actualizada de las multas que podrían tener que pagarse por responsabilidad civil. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, cogió así el guante lanzado por la Sindicatura de Cuentas que, en su informe sobre la cuenta general de 2022, realizaba esta recomendación al Principado.
Concretamente, tal y como expuso el síndico mayor en la comisión parlamentaria de Hacienda y Fondos Europeos celebrada esta mañana en la Junta, se recomienda la elaboración de un documento «actualizado en todo momento» con la relación de los procedimientos judiciales «susceptibles de derivar en probable responsabilidad que genere un pasivo o un menoscabo para la Administración del Principado» con el objeto, añadió Roberto Fernández Llera durante su intervención, de que «los riesgos derivados de los litigios sean trasladados a la contabilidad de la manera más fiel». El síndico mayor dijo ser consciente de la «dificultad de poner cifras a estas estimaciones», pero insistió en que «sería un buen proceder».
A continuación, el consejero de Hacienda dijo tomar nota de la recomendación, aunque quiso aclarar que en la actualidad los órganos gestores y las consejerías son «perfectamente conocedoras» de este tipo de información. No obstante, reconoció que no hay un procedimiento formal como sugiere la Sindicatura de Cuentas para que «la Intervención tenga monitorizados todos estos riesgos y que se pongan negro sobre el blanco en forma de provisiones o en forma de memoria». Aún así, insistió, «sí se documentan en el principal instrumento, que son los presupuestos», para hacer frente a posibles contingencias. «Somos perfectamente conocedores de esas posibles eventualidades y así se recogen en los presupuestos, pero compartimos la recomendación de la Sindicatura», anotó.
El síndico mayor también subrayó la necesidad de elaborar una nueva ley de Hacienda y valoró el grado de aceptación de las recomendaciones incluidas en los informes de la Sindicatura de Cuentas. No así la oposición, muy crítica con la falta de cumplimiento de este tipo de informes por parte del Gobierno regional. «Su consejería es cuestionada, año tras año, por el insuficiente control del Gobierno de Barbón, que guarda en un cajón los informes de la Sindicatura de Cuentas y cuestiones de legalidad o recomendaciones son obviadas», se quejó el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons.
El parlamentario recriminó, concretamente, que los consorcios Cadasa y Cogersa lleven varios años sin auditar, así como el bajo nivel de ejecución de los fondos europeos. «Se está haciendo con las empresas públicas un simple lavado de cara y sólo se atiende los informes de la Sindicatura en cuestiones menores», abundó Gonzalo Centeno, de Vox. También el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, afeó la falta de auditorías en Cadasa y Cogersa, así como el «descontrol y la falta de transparencia en las subvenciones nominativas», exigiendo dotar de más recursos a la Intervención General del Principado de Asturias para mejorar la labor de control, fiscalización y auditoría. Sobre este punto, el consejero anunció la incorporación de dos nuevas personas al equipo par reforzar el servicio.
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