El Principado defiende ante la UE que cumple las directivas de depuración

Traslada al ministerio la responsabilidad ante el emplazamiento hecho por Bruselas por las infracciones en diecisiete enclaves asturianos

R. M. GIJÓN.

La Comisión Europea remitió el pasado año al Gobierno de España una carta de emplazamiento al detectar que la red de saneamiento y depuración de doce comunidades no termina de ajustarse a las exigencias de la Directiva sobre la materia. En lo tocante a Asturias, son 17 los enclaves que estarían incumpliendo algunos de esos parámetros. Fuentes próximas al expediente señalan que el Principado elevó al Gobierno central sus alegaciones a la misiva. En las mismas venía a argumentar que, según su posición, la Administración regional está ya cumpliendo con las exigencias o en vías de lograrlo, siendo el Ministerio de Medio Ambiente quien más se está retrasando en sus compromisos.

El propio consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra, lo apuntó ayer. «Estamos en condiciones de poder responder a la carta de emplazamiento, a la parte del compromiso que asumió el Principado en el convenio firmado con el Estado», explicó ayer, en una visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). «A las exigencias de los artículos 3, 4 y 54 de la directiva marco», detalló.

Estos preceptos son los que han motivado la carta de emplazamiento y todos hablan de obligaciones que hace tiempo deberían estar vigentes. La normativa, aprobada en 1991, establecía por ejemplo en su artículo 3 que las aglomeraciones de entre 2.000 y 15.000 habitantes debían contar con sistemas colectores de aguas residuales urbanas antes de 2006. Su artículo 4 añade que antes de acceder a los sistemas colectores, las aguas sucias ya debían ser sometidas a tratamiento biológico, algo de lo que carece, por ejemplo, el oeste de Gijón, y a lo que el ministerio está tramitando solución. El parámetro del artículo 15, también aludido en el escrito de Bruselas, obligaba a tener bajo control los vertidos para asegurar que no dañan al medio ambiente.

Por ahora la Comisión Europea no ha dado respuesta a las alegaciones remitidas por España. El expediente atañe a unos 180 enclaves en todo el país, y le queda curso administrativo por delante. Una vez analizadas las respuestas, Bruselas tiene la opción de aceptarlas y archivar, continuar con el expediente sancionador y pedir nuevas aclaraciones, o ir directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En caso de condena, la primera supondría un reproche, pero no una sanción económica.

Solo si el incumplimiento persiste, la Comisión acudiría de nuevo a la justicia para reclamar que se imponga una multa. Es el camino recorrido a lo largo de años y que ha desembocó el 25 de julio en una multa por no depurar las aguas en el este de Gijón. Bruselas acostumbra a dar múltiples oportunidades, y de hecho rehusa hacer públicos los enclaves que no cumplen la normativa para tener más margen de negociación con los estados. En el caso de la falta de depuración en el oeste gijonés por ejemplo dejó pasar seis años entre la primera sentencia y el recurso que ya reclamaba multa económica.

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