El Principado, en desacuerdo con Junts por la valoración sobre el traspaso de competencias a Cataluña

El portavoz no ha comentado siquiera la postura del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha sido muy crítico con la decisión y ha expresado su rechazo frontal al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts en materia de inmigración. «Es extremadamente grave porque supone una cesión inaceptable de competencias que deben ser exclusivas del Estado», dijo, y llegó a hablar de «bochorno como socialista, ciudadano y demócrata».

Mucho más comedido, el portavoz del Gobierno regional considera que serán los «órganos oportunos» los encargados de aclarar la constitucionalidad de la medida. En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicó que «es una delegación en un ámbito que entra dentro de la Constitución, de una ley orgánica, y que, por tanto, exigirá una aprobación por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados«. »El estado español tiene una Constitución que emana de ella respetar los estatutos de Autonomía y que caminemos en traspasos, transferencias y delegaciones, que es el caso que nos atañe«, añadió.

Sí ha querido Guillermo Peláez dejar una cosa muy clara: su desacuerdo con las valoraciones que Junts está haciendo del acuerdo. «No compartimos en ningún caso la interpretación que hacen en Junts del acuerdo«. La formación ha llegado a plantear la posibilidad de fijar por ley el grado de «catalanidad» que debe acreditar una persona para poder acceder a los permisos de residencia y trabajo en ese territorio.

Por otra parte«, la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, ha admitido hoy que la primera convocatoria de ayudas para afectados de la ELA «no dio la respuesta que estábamos esperando, ni los afectados ni las familias ni el Gobierno» y que «hay ámbitos de mejora en la elaboración de las bases». Tal y como publicó EL COMERCIO, el Gobierno solo ha comprometido un 13% del presupuesto destinado a estas ayudas, que ascendía a 1,8 millones de euros. El problema, advirtieron los propios afectados y sus familias, estaba en las bases, que dependían del área de Salud y que, por tanto, solo podían subvencionar gastos sanitarios.

La redacción de las subvenciones dejaba fuera el mayor gasto que tienen las familias en general: la ayuda del hogar que requieren para poder atender al enfermo. Eso ha impedido que los afectados reciban los 15.000 euros por persona que se preveía. Enfermos y familiares se han mostrado decepcionados y el Partido Popular pedirá explicaciones en la Junta General.

Llamedo ha recordado que se trata de «ayudas pioneras» y que la cuantía que incorporaban, de 1,8 millones, era superior a otras Comunidades Autónomas. «La intención es acompañar a los enfermos y las familias». Pero la primera convocatoria no ha cumplido los objetivos. «En julio nos comprometimos a mejorar las bases para 2025«, ha dicho la vicepresidenta, quien asegura que se está realizando ya ese trabajo, de la mano del equipo de la consejera de Salud. «En 2025 las ayudas darán una mejor respuesta que esa primera convocatoria. Aprendemos de los errores, no se han alcanzado las expectativas y por eso nos hemos puesto a trabajar en una escucha activa para mejorar la respuesta».

Ante el malestar de los afectados, la vicepresidenta ha querido insistir en que «nuestra intención es clara y ahora queremos mejorar». Habrá nuevas reuniones, ha dicho, en las próximas semanas.