El Principado estudia exigir por vía judicial el ingreso mínimo

El Principado empieza a prepararse para acudir a la vía judicial a reclamar los 34,5 millones que considera le adeuda el Gobierno central. Es un dinero que ya abonó a 9.000 familias. Todas venían percibiendo el salario social autonómico y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar mantuvo esos pagos mientras le pasaba los expedientes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para que asumiera esos casos dentro del nuevo Ingreso Mínimo Vital.

En septiembre le certificó la documentación requerida pero Madrid cambió los requisitos; el 23 de diciembre le volvió a enviar los expedientes entendiendo que el asunto estaba solventado. El departamento que rige José Luis Escrivá tampoco la dio por buena; además considera que el 31 de diciembre hay que dar el año por cerrado, por lo que no cabe compensar los desembolsos hechos por el Principado el curso pasado.

«La discrepancia está ahí y hay que solventarla», asumió ayer el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. El pulso «tiene que ver con la retroactividad de los derechos», recordó. «Tenemos derecho a que se nos resarza retroactivamente de los desembolsos y estamos negociando políticamente, de manera intensa», concretó. En paralelo a las reuniones con el ministerio «aunque digo que ir a la vía judicial es el último recurso, estamos examinando desde servicios jurídicos todas las opciones», anotó.

El Ejecutivo de Adrián Barbón suma así un nuevo desencuentro con el de Pedro Sánchez. En la lista de pulsos se cuenta el estatuto de las electrointensivas, el impago del IVA (luego compensado), el intento de proteger el lobo ibérico y el nuevo impuesto que se ultima al depósito de residuos en vertedero, entre otros.

Cofiño hizo estas consideraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, cita en la que fue aprobado el plan normativo para este año. La intención del Ejecutivo autonómico es la de tramitar 23 nuevos proyectos de ley y 76 decretos.

La lista de iniciativas incluye el proyecto de ley de Medidas Administrativas Urgentes, con el que la consejería que lidera Cofiño aspira a «eliminar o reducir trabas administrativas, mejorando la eficiencia y la agilidad de los procedimientos». En el primer trimestre la Consejería de Industria quiere iniciar un proyecto de ley de «proyectos estratégicos» y para el último trimestre plantearía una norma de «Industria» que «persigue adecuar la normativa estatal a la realidad industrial asturiana».

Educación prepara una norma que también adapte la Ley Orgánica de Modificación de la LOE. La consejería de Derechos Sociales por su parte madura una Ley de Garantía de Derechos y Protección a las Personas Menores de Edad. El proyecto estrella de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial es impulsar una nueva norma de Ordenación del Territorio y Urbanismo cuyo borrador prepara con la Universidad de Oviedo.