El Principado guarda silencio sobre su estrategia judicial en el 'caso UGT'

El Gobierno del Principado guarda silencio sobre su estrategia judicial en el 'caso UGT' después de que el miércoles la Fiscalía pidiera diez años de prisión para el exsecretario general del citado sindicato, Justo Rodríguez Braga, acusado de «desviar» fondos públicos que deberían haberse destinado a cursos de formación.

Similar pena pide el ministerio fiscal para la exsecretaria de Administración de UGT, Mónica Menéndez, y para el exsecretario de Formación de UGT, Manuel Díaz Cancio. También pide seis años y seis meses de prisión para María Jesús Ocaña, como administradora de una de las sociedades presuntamente utilizadas por el sindicato para el desvío de fondos, y treinta meses de prisión para Alberto González y Silvia Sariego, técnicos de UGT e IFES. Además, la Fiscalía acusa a UGT de un delito de fraude de subvenciones públicas.

El Principado, personado en la causa como acusación particular, deberá presentar en cuestión de días su escrito de acusación, pero, por el momento, se muestra totalmente hermético al respecto. La portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, que compareció tras el Consejo de Gobierno junto al vicepresidente, Juan Cofiño, pidió respeto para la decisión del Ejecutivo autonómico de mantener «discreción» sobre la estrategia judicial a seguir por parte del Gobierno regional en este asunto y mostró su respecto «escrupuloso» con el procedimiento judicial que se está llevando a cabo.

El 'caso UGT' se inició en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una operación por hechos similares en Sevilla y una denuncia de un extrabajador que llevó a la Fiscalía a denunciar un año después al sindicato por presunto fraude de subvenciones. Fue entonces cuando el Principado se personó en el procedimiento como acusación particular al proceder los fondos presuntamente defraudados de la Administración regional. El caso cogió impulso en enero de 2017 con la detención de seis personas vinculadas al sindicato, incluido su exsecretario general, y el registro de la sede regional de la central.