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Una familia saca sus maletas del coche para dirigirse a su alojamiento en Llanes. NEL ACEBAL
El Principado inspecciona casi 2.500 pisos turísticos para poner freno a la oferta ilegal

El Principado inspecciona casi 2.500 pisos turísticos para poner freno a la oferta ilegal

Casi 150 propietarios de viviendas y las plataformas donde se anuncian se exponen a sanciones económicas por incumplir la normativa

CHELO TUYA

GIJÓN.

Domingo, 1 de julio 2018, 04:03

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Ciento cuarenta y seis propietarios de pisos y plataformas digitales se exponen a una sanción económica. Una multa que puede alcanzar los 600.000 euros. El Gobierno regional les acusa de no cumplir la normativa asturiana, una de las primeras del país, que regula las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Es decir, los domicilios privados que se alquilan como alojamientos turísticos. Entre otros muchos requisitos, dicha ley les obliga a darse de alta en el registro oficial, contar con un seguro de responsabilidad civil por un importe de 150.000 euros y disponer del permiso de la comunidad de vecinos para ejercer la actividad.

Las sanciones no han llegado solo a los dueños de estas viviendas, sino también a las plataformas digitales en las que se promocionan y a través de las cuales consiguen a sus clientes. Tal y como adelantó EL COMERCIO en la antesala del pasado verano, tres de cada cuatro de estos pisos ofrecidos en internet no contaba con permiso en vigor. La realidad hoy, a punto de iniciar la temporada alta turística, es mejor. No obstante, 2.491 viviendas y anuncios han sido revisados por el equipo de inspección turística del Principado para abrir 146 expedientes que pueden acabar en sanción económica.

La actividad inspeccionadora aumenta, pero no al ritmo que lo hace la apertura de estos alojamientos. Un 25% más en un mes, con 749 domicilios particulares registrados como VUT, lo que supone casi 4.000 plazas más en un mercado que los empresarios del sector consideran ya de por sí «desproporcionado». «Son casi tantas plazas como de hoteles tiene Gijón o más de las que tiene el concejo de Llanes», apuntaba en este periódico el vicepresidente de Otea, el hotelero Fernando Corral. Pedía él «un pacto de Estado» para frenar una práctica que está desbordando a las comunidades autónomas.

«Los centros de las ciudades pasarán a ser ciudades dormitorio de turistas», apuntaba Corral, a la vez que advertía de que ese modelo «pone en peligro al sector turístico». El asturiano, en lo que va de año, ha perdido un 10% de reservas.

El mensaje de que no es un problema solo de Asturias ha calado en el Ejecutivo de Javier Fernández. Los empresarios reclaman a a la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, así como a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, firmeza y coordinación. «Un frente común contra este problema que nos afecta a todos». Porque no solo es el sector turístico el directamente afectado, sino también, como recuerdan desde Otea, «la seguridad, ya que nadie sabe quién se aloja en esas viviendas».

Regular el sector

Precisamente la secretaria de Estado de Turismo es conocedora de primera mano de los problemas que generan las viviendas turísticas, ya que fue consejera de Turismo en Baleares, una de las comunidades más afectadas.

De su departamento esperan los empresarios asturianos la puesta en marcha de medidas encaminadas a «regular el sector», para que no dañe «al único segmento que se ha mantenido durante la crisis y que sigue generando empleo», como es el turístico. Corral pone cifras a sus palabras. «Por cada cien plazas hoteleras, se crean 53 puestos de trabajo. En los pisos turísticos, solo nueve».

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