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Una persona duerme en la calle en Gijón Damián Arienza
El Principado estudia llevar al juez al Gobierno central para que pague el ingreso mínimo de 9.000 familias

El Principado estudia llevar al juez al Gobierno central para que pague el ingreso mínimo de 9.000 familias

«Es el último recurso, no sería deseable, pero no lo descartamos», previene el vicepresidente

Viernes, 26 de febrero 2021, 12:16

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Los servicios jurídicos del Principado están ya estudiando «todas las opciones» que la administración regional tiene en su mano para forzar al Gobierno central a asumir el pago retroactivo de 9.000 familias que están cobrando el salario social y deberían pasar al Ingreso Mínimo Estatal (IMV) que abona la administración central. El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, reconoció que «la discrepancia está ahí y hay que solventarla», situando su objetivo en «alcanzar un acuerdo que no merme en absoluto las arcas del Principado».

El pulso «tiene que ver con la retroactividad de los derechos», recordó. «Tenemos derecho a que se nos resarza retroactivamente de los desembolsos y estamos negociando políticamente, de manera intensa», concretó. En paralelo a las reuniones con el ministerio «aunque digo que ir a la vía judicial es el último recurso, estamos examinando desde servicios jurídicos todas las opciones», anotó.

El Gobierno regional considera que este es un problema que él no ha generado. En septiembre, después de haber acordado la pasarela directa entre los beneficiarios del salario social que lo desearan al ingreso mínimo vital, Asturias certificó 9.000 expedientes, de acuerdo a los requisitos que marcó el ministerio. Unos que cambió unilateralmente días después, el 23 de septiembre, y que sirvieron para rechazar la petición asturiana.

Tras revisar cada caso, siguiendo las nuevas pautas del ministerio la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar volvió a remitir los mismos 9.000 expedientes al Gobierno central. Lo hizo el 23 de diciembre dando el problema por solucionado. El 31 descubrió que no: el ministerio volvía a rechazar las peticiones.

El departamento que dirige Melania Álvarez entiende que las personas afectadas tienen derecho con carácter retroactivo a junio a que se las considere perceptoras del ingreso mínimo vital. La idea de la consejera socialista no es compartida por el departemento que dirige José Luis Escrivá. Para el ministro, también socialista, Asturias «no ha certificado» esos 9.000 casos y el plazo para la retroactividad concluyó el 31 de diciembre.

Una guerra burocrática que tiene consecuencias directas no solo sobre los afectados, que están cobrando una prestación de inferior cuantía a la que realmente tienen derecho, sino para las cuentas de la propia consejería. Los 34,5 millones recortados de la partida del salario social, al entender que esas 9.000 personas ya no dependerían de las arcas regionales, han sido destinadas al plan de choque de la dependencia. De tener que asumir el coste de esas prestaciones desde junio pasado, y durante todo el tiempo que sigan sin ser admitidos en el ingreso mínimo vital, esos 34,5 millones deberían volver a la casilla de salida.

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