Cofiño pide «auxilio» y ofrece «diálogo hasta la extenuación» para reformar la función pública

«Pido auxilio y ofrezco colaboración y diálogo hasta la extenuación». Así se ha manifestado esta mañana el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, al analizar la reforma de la administración pública que trata de impulsar y que consta de varios eslabones.

El propio Cofiño hizo estas declaraciones en el parlamento regional, cámara que lleva 37 años controlando al Gobierno autonómico pero también aprobando leyes propias, con sello asturiano. El resultado hoy es que «estamos hipertrofiados de regulación», según el vicepresidente, quien no va a esperar a la constitución de la comisión de simplificación administrativa para avanzar en la poda de textos y burocracia. «Tras su constitución se hará un plan de trabajo, con horizonte en toda la legislatura, pero queremos anticipar un proyecto de ley de medidas urgentes en aspectos claves que agilicen la tramitación de actividades económicas», dijo. Se comprometió a tenerlo en el primer trimestre.

Cofiño acudió esta mañana a la Junta General a detallar el presupuesto de la Consejería de Administración Pública, Medio Ambiente y Cambio Climático y exponer cómo quiere reformar la función pública. El eje de la misma será una nueva ley de Empleo Público que en la primera información pública «ha recibido 135 aportaciones de empleados públicos, tres sindicatos, varios colegios profesionales y del cuerpo superior de la administración». El vicepresidente mantiene que en la próxima década se jubilará la mitad de la plantilla actual, «una oportunidad de oro» para cambiar la estructura del Principado, reordenando la distribución de los trabajadores, incorporando nuevos perfiles, y vinculando la retribución de los funcionarios al cumplimiento de objetivos.

Sara Álvarez Rouco, de Vox, preguntó por la conflictividad laboral que de todo ello se puede derivar y el vicepresidente Juan Cofiño le fue franco: «Hace alusión a los sindicatos, una reforma que se precie, salvo que se quede en la superficie generará tensiones, puntos de vista controvertidos». El vicepresidente conformará la semana que viene una suerte de comité de sabios que ayude a preparar el borrador de la ley, «con profesionales de dentro y fuera de la administración», y anunció que negociará con los sindicatos y la oposición los avances del texto, con la idea de remitir a la Junta General un borrador a finales del año. «Vamos a tener el máximo consenso posible», comprometió. Luis Carlos Fanjul, desde Ciudadanos, recordó que la idea de vincular salario a productividad ya estaba en la carrera profesional «que ha sido un fracaso, por igualitarismo o cuestiones sindicales, pero tiene sus riesgos». El vicepresidente coincidió «en todo lo expuesto» por el diputado, sobre todo «en lo delicado del proceso» y en que el modelo «existe y creo que admite mejoras».

Ambos subrayaron la importancia de que quien se esfuerza tenga posibilidades de promoción. Para ello el Principado convocará un concurso de méritos y traslados que ofertará «más de 1.300 puestos singularizados», concretó Cofiño. También se va a reducir la temporalidad en el ámbito de «la administración y servicios, donde son unos 9.000 empleados públicos, 2.700 de ellos en situación de temporalidad y de los que con las ofertas de empleo público en trámite y las que haremos en 2021 unos 2.300 pasarían a estar con contratos indefinidos», situó Miguel Ángel Rodríguez, director general de Función Pública. De cara a esa reforma el vicepresidente asumió que para el Principado «la digitalización es un reto enorme», de ahí que prepare un plan que presentará a los fondos europeos para lograr apoyo financiero.

Cofiño presentó como un un ejemplo de agilidad y simplificación la decisión de suprimir en abril la Junta de Saneamiento, organismo vinculado a la consejería y creado en su día para separar la recaudación del canon de saneamiento y visibilizar mejor la gestión que se hace con ese dinero. Sus funciones «se solapan con las de la consejería y eso crea dinámicas perversas e ineficiencias; procede que todo se integre y que las obras se aborden con vocación de visibilidad única de la consejería; solo se derivan beneficios de esta solución», defendió.