Principado y Universidad revisarán los requisitos de las ayudas a la investigación

Isaac Pola, consejero de Industria. /
Isaac Pola, consejero de Industria.

«Si existe la posibilidad de mejorar alguna cuestión, será mejorada», promete el consejero de Industria, Isaac Pola

L. MAYORDOMO GIJÓN.

El Principado parece dispuesto a revisar los requisitos exigidos en la última convocatoria de ayudas a organismos públicos de investigación para el período 2018-2020, dotada con 10,5 millones de euros y que tanto revuelo ha provocado entre la comunidad investigadora universitaria. Sus condiciones «son muy duras», remarcó ayer el rector, Santiago García Granda, después de que su vicerrector de Investigación, José Ramón Obeso, apuntara el jueves que «son tan restrictivas que muchos grupos no van a poder ni solicitarlas».

Precisamente el titular del departamento del que dependen estas ayudas, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, y el rector de la Universidad de Oviedo coincidieron ayer en la firma del convenio con la Fundación Asturiana de Energía para instalar un punto de carga de coches eléctricos en el campus de Mieres. Fue en ese marco, y preguntado por los periodistas, donde García Granda reconoció que había sido toda «una sorpresa», y no precisamente positiva, descubrir los estrictos requerimientos para poder optar a esas ayudas.

Por su parte, Isaac Pola, anunció que el martes habrá una reunión con la Universidad en la que se revisarán esas condiciones y, «si existe la posibilidad de mejorar alguna cuestión, será mejorada». También explicó el porqué de esa «mayor concreción en cuanto a determinados requerimientos». Se debe, dijo, a «la disponibilidad limitada de recursos».

Las críticas a la presente convocatoria se centran sobre todo en la modalidad de los grupos de investigación consolidados (GIC) ya que se requiere que tres de sus cinco integrantes sean doctores vinculados estatutaria o contractualmente a la Universidad a tiempo completo. Según apuntan los afectados, ese requisito es «irreal» dada la elevada temporalidad de los contratos con los que vienen trabajando en los últimos años y la escasa estabilidad laboral del colectivo .

La última convocatoria dirigida a grupos de investigación permitió financiar la actividad de 89 grupos -aunque lo solicitaron 144- que integraban a 1.215 investigadores.