El Principado urge al ministerio a asumir los 9.000 casos de ingreso mínimo pendientes
Podemos dice que el Gobierno central «da un golpe mortal» a las cuentas regionales, mientras IU exige al PSOE «que se coordine»
CHELO TUYA
GIJÓN.
Viernes, 26 de febrero 2021, 02:44
«El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debe asumir con carácter retroactivo los 9.000 casos de beneficiarios de salario social que ... optan a cobrar el ingreso mínimo vital». El Principado se mantiene fuerte en su posición. No está dispuesto a asumir el coste de esas 9.000 nóminas cuyo trasvase a las arcas del Estado dio por hecho desde junio, cuando entró en vigor la paga estatal.
La reunión mantenida ayer por videoconferencia entre la directora general de Derechos Sociales, Paula Álvarez, y la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmen Armesto acabó casi como empezó. Con ambas partes sin moverse de su criterio, aunque buscando solución a un problema que el Gobierno regional no cree haber generado.
Porque en septiembre, después de haber acordado la pasarela directa entre los beneficiarios del salario social que lo desearan al ingreso mínimo vital, Asturias certificó 9.000 expedientes, de acuerdo a los requisitos que marcó el ministerio. Unos que cambió unilateralmente días después, el 23 de septiembre, y que sirvieron para rechazar la petición asturiana.
34,5 millones en el aire
Tras revisar cada caso, siguiendo las nuevas pautas del ministerio la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar volvió a remitir los mismos 9.000 expedientes al Gobierno central. Lo hizo el 23 de diciembre dando el problema por solucionado. El 31 descubrió que no: el ministerio volvía a rechazar las peticiones.
El departamento que dirige Melania Álvarez entiende que las personas afectadas tienen derecho con carácter retroactivo a junio a que se las considere perceptoras del ingreso mínimo vital. La idea de la consejera socialista no es compartida por el departemento que dirige José Luis Escrivá. Para el ministro, también socialista, Asturias «no ha certificado» esos 9.000 casos y el plazo para la retroactividad concluyó el 31 de diciembre.
Una guerra burocrática que tiene consecuencias directas no solo sobre los afectados, que están cobrando una prestación de inferior cuantía a la que realmente tienen derecho, sino para las cuentas de la propia consejería. Los 34,5 millones recortados de la partida del salario social, al entender que esas 9.000 personas ya no dependerían de las arcas regionales, han sido destinadas al plan de choque de la dependencia. De tener que asumir el coste de esas prestaciones desde junio pasado, y durante todo el tiempo que sigan sin ser admitidos en el ingreso mínimo vital, esos 34,5 millones deberían volver a la casilla de salida.
Llamamiento a Barbón
Una posibilidad que rechazan de plano los grupos parlamentarios de Podemos e IU. Desde la formación morada, el portavoz Rafael Palacios calificó la posición del ministerio de «golpe mortal al presupuesto regional» y exigió la intervención inmediata del presidente del Principado, Adrián Barbón. «Es intolerable que se planteé, siquiera, que se vayan a perder 34,5 millones para la dependencia».
Desde IU, su coordinador, Ovidio Zapico, ve «incomprensible que no se llegue a un acuerdo teniendo en cuenta que tanto la consejería como el ministerio están gestionados por el PSOE». En su opinión, es imprescindible que las dos administraciones se coordinen y no se desoigan las peticiones de 9000 personas».
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