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El Principado vuelve a extraviar en sus despachos una alegación durante un año

R. MUÑIZ

OVIEDO.

Domingo, 1 de julio 2018, 05:03

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Es lo que tiene la burocracia de papel: un documento se puede traspapelar y su olvido acaba tumbando una incineradora. Lo sabe la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, porque le pasó una vez. En 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló los permisos que había concedido al consorcio de residuos Cogersa para que se expandiera por un valle aledaño en el que iba a levantar el horno. El problema es que concedió la licencia sin responder a una alegación vecinal que, al entrar en la consejería, fue al departamento que no debía y nadie la consideró. La Inspección General de Servicios tuvo que analizar el caso, dado el «daño evidente» causado, y concluyó que la culpa fue de una directora general que actuó negligentemente pero sin mala voluntad. Una comisión de investigación parlamentaria llegó a parecida impresión.

Han pasado los años, pero no el riesgo de repetir un episodio similar. Lo demuestra lo ocurrido con el expediente abierto para renovar las directrices urbanísticas, algo que compete a la misma consejería. El 13 de octubre de 2016 la Dirección General de Industria le dirigió las observaciones que consideró pertinentes al primer documento, diseñado para determinar el alcance de la revisión. El escrito «fue entregado, por un presunto error en el reparto de correspondencia, en el Servicio de Autorizaciones Ambientales, permaneciendo traspapelado junto a otros documentos hasta que fue localizado, momento en el que es remitido al servicio de Evaluación Ambiental». Así lo reconoce una nota interna que admite que las observaciones de Industria pasaron al despacho adecuado un año y dos meses después de su redacción, muy tarde, pues para entonces se había dictado resolución fijando el alcance de las nuevas directrices.

Esta vez no se había dado ningún paso irreversible, por lo que la consejería salvó el embate convalidando todo lo avanzado e incorporando una alegación que, en el fondo, tampoco cambia mucho las cosas. El descuido acredita, eso sí, que el riesgo de traspapelar alegaciones sigue vivo, algo que mitigaría tener más personal o una gestión documental más informatizada. A esta última opción tienden a ir todas las administraciones.

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