El PP propone reprobar a Areces, tres exconsejeros y ocho directivos por su gestión en el Gitpa

El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons/
El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons

«A día de hoy no sabemos si lo que se pagó es lo que se hizo», lamenta Cuervas-Mons

RAMÓN MUÑIZGijón

La comisión parlamentaria de investigación sobre las presuntas irregularidades ocurridas en la empresa pública Gitpa ya tiene un borrador de dictamen. Lo ha presentado el Grupo Popular, y ahora el resto de formaciones disponen de un mes para formular sus alegaciones. El texto provisional sostiene que la sociedad que se encargó de extender la red de fibra óptica y la de repetidores de la TDT por toda la región operó con "una ausencia total de control por parte de la Administración del Principado, tanto a nivel jurídico como de gastos".

El propio reclutamiento del personal de la empresa se habría obviando los "principios de transparencia, mérito y capacidad". El borrador de conclusiones es crítico también con la actuación que tomaron los altos cargos del Principado en el momento en el que dos empleados públicos pusieron sobre la mesa sendos informes asegurando haber detectado varias irregularidades. "Los responsables del Gobierno dedicaron más tiempo a ocultar información al Parlamento que a depurar responsabilidades", sostiene el PP.

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"La situación es la siguiente: a día de hoy en el Principado nadie puede saber si se hizo lo proyectado, si lo hecho y lo pagado por Gitpa coincide; es muy difícil y otra de las observaciones que hacemos es que esto es un absoluto desorden", explicó el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons. El representante del PP, uno de los más activos en la comisión junto a la diputada de Podemos Lorena Gil, consideró que "no puede ser que la documentación esté sin foliar, que haya proyectos que no se firmen, eso no puede pasar en una empresa pública".

En base a estos argumentos, la propuesta del PP es la de reprobar como responsables políticos de los hechos al expresidente Vicente Álvarez Areces, y a los exconsejeros Ana Rosa Migoya, Graciano Torre, y Francisco Blanco. Además hay ocho exdirectivos y empleados de la sociedad a los que también se responsabiliza; la relación incluye a los exdirectores generales Luis Uturrioz, Alberto Pérez Cueto. La única persona incluida en la nómina y que conserva su puesto en la administración pública es la hoy secretaria general técnica de Empleo, Industria y Turismo, María José V., a la que se recrimina su "ineficaz" gestión de los informes que recogían posibles irregularidades "incluso no dando respaldo a los firmantes de tales informes".

El diputado popular recordó que, al margen de la comisión de investigación, existen dos procedimientos judiciales abiertos. El más maduro celebrará su juicio la semana que viene, y tiene en el banquillo de los acusados al primer gerente de la empresa, Juan R. B., a quien la fiscalía acusa de prevaricar al fraccionar un encargo. El procesado mantiene su inocencia y alega que los propios abogados que se llevaron aquellos trabajos avalaron la legalidad del encargo desde su puesto de asesores del consejo de administración.

 

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