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Representantes de las cuatro autonomías. A la izquierda, el consejero asturiano, Alejandro Calvo. El diario Montañés
Las comunidades cantábricas hacen frente común y llevan la protección del lobo a la Audiencia Nacional

Las comunidades cantábricas hacen frente común y llevan la protección del lobo a la Audiencia Nacional

Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León se unen para dar la batalla judicial contra lo que consideran «un desprecio» a su gestión autonómica de control y «una falta de respeto a la voz de socorro» de la ganadería

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Martes, 28 de septiembre 2021, 14:43

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El Gobierno del Principado, al igual que los de Cantabria, Galicia y Castilla y León, anunciaron medidas legales contra la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en el mismo momento de hacerse oficial esta decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ese anuncio se ha materializado este martes a través de un contencioso-administrativo que las cuatro comunidades interpondrán conjuntamente ante la Audiencia Nacional contra lo que consideran «una falta de respeto», «un atropello» y «un avasallamiento» a sus competencias y a su territorio rural.

Consejeros de las cuatro administraciones autonómicas comparecían esta mañana en la sede de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno cántabro tras una reunión de trabajo de la que salió un frente común contra el Ministerio y en la que participaron representantes de las principales organizaciones agrarias del país. «Esta orden ministerial, encima sin período transitorio, nos deja en el peor de los escenarios», aseguró, en representación de Asturias y como responsable político de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo.

Según expuso Calvo en la ronda de intervenciones, «lo que no ha sido atendido desde el diálogo que lo sea desde la justicia». El consejero asturiano advirtió al ministerio de Teresa Ribera que «no es posible la conservación de la fauna salvaje sin contar con la complicidad del medio rural», además de lamentar que «se caricaturice» la polémica suscitada, «simplificando los mensajes ante la voz de socorro» de los ganaderos que sufren los ataques del lobo.

Las cuatro comunidades se manifestaron en los mismos términos. Con contundencia y sin fisuras. Si Calvo criticaba «las políticas injustas» y «la inseguridad jurídica» que se produce con la inclusión del lobo en el LESPRE, desde el gobierno de Cantabria se defendía que «no podemos admitir este desprecio a los ganaderos». Su consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, se declaró «atónito e indignado» no solo por la decisión ministerial, sino por el hecho de que se haya tomado sin escuchar a cuatro autonomías en las que residen 7 millones de personas y que representan al 28% del territorio español.

«Llevamos más de un año solicitando una reunión para que podamos exponerles nuestros argumentos más en detalle. Incluso solicitamos una conferencia interterritorial sobre el LESPRE. Ni se nos contestó ni se convocó la conferencia», recriminó Blanco, para acto seguido clamar contra el hecho de que «tengamos ahora que escuchar a la ministra y al secretario de Estado -el asturiano Hugo Morán- decir que las comunidades autonómas no queremos el diálogo».

«Indignación» ante la ministra de Transición Ecológica. Pero también «decepción» por el escaso amparo del ministro de Agricultura, Luis Planas, en esta polémica que «no ha hecho más que empezar». La coordinación entre las principales Comunidades Autónomas afectadas «es total». Y el trabajo para hacer valer su postura «será incansable», aseguró la consejera de Medio Rural de Galicia, María Ángeles Vázquez, que aprovechó la comparecencia de esta mañana para recordar que «la biodiversidad la tenemos gracias a la gente de las zonas rurales».

En su opinión, a la orden ministerial le falta «coherencia» y «justificación científica», además de ser «injusta» con los planes de gestión y control del lobo que se desarrollan en estas cuatro comunidades y que ha permitido, sostiene, que «el lobo goce de una situación favorable». No solo eso: «Es la primera vez que se hace algo así basándose en opiniones absolutamente subjetivas»

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León fue incluso más allá, al asegurar que «se ha atacado nuestra soberanía» y «despreciado nuestra gestión» en esta materia. Las estrategias autonómicas para la gestión y control del lobo, que han quedado en suspenso al entrar el lobo en régimen de extrema protección, se enmarcan dentro de la normativa europea, subrayó Juan Carlos Suárez-Quiñones. Por tanto, «se le está enmendando la plana a Europa», concluye.

Pero sobre la mesa también se pusieron otras cuestiones. Como el hecho de que la nueva política respecto al lobo no esté dotada de una asignación presupuestaria adecuada: «Solo figuran 25.001 euros». O que en el borrador de la estrategia auspiciada desde el ministerio de Transición Ecológica «aparezcan tachadas» las opciones de un mecanismo de ayudas públicas o la cofinanciación de daños, incluido el lucro cesante.

«Un sinsentido», según Suárez-Quiñones. «Mentiras», en palabras de las organizaciones presentes tanto en la reunión de trabajo celebrada esta mañana en Santander como en la comparecencia posterior ante los medios de comunicación. «Tendrán una respuesta contundente», convinieron ASAJA, Coag y UPA, al sentirse engañados por el Gobierno central. «La ministra se ha apoyado en el ala más talibán del ecologismo para argumentar la gran mentira de que aquí el lobo tiene problemas de extinción», sostienen las agrupaciones agrarias, que se preparan para movilizarse contra el ministerio de Transición Ecológica al tiempo que el frente político formado por Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León dará la batalla ante la Audiencia Nacional, a la que han solicitado la suspensión cautelar de la orden ministerial, mientras se dirime este pleito.

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