Medio Ambiente plantea la creación de un registro de usuarios de productos tóxicos

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer la denominada estrategia contra el uso del veneno, que estará a información pública durante quince días. Una de las medidas más llamativas de este documento tiene que ver con el control de la disponibilidad y uso de tóxicos que puedan ser destinados a envenenar cebos. Y se refiere a la colaboración con los responsables de sanidad animal y vegetal para informar a los establecimientos de venta de productos fito y zoosanitarios sobre el problema del envenenamiento de fauna salvaje y «valorar la creación de un registro de usuarios de, al menos, aquellos productos con potencial para ser usados como veneno, prestando especial atención al uso incipiente de drogas anestésicas de uso veterinario o humano». Esto quiere decir que se verían implicadas en este control tanto las autoridades de Desarrollo Rural como las de Sanidad.

Pero el documento va más allá, ya que aboga por un uso responsable de estos productos, fomentando la utilización de aquellos «de menor toxicidad», al tiempo que prevé elaborar manuales de buenas prácticas agrícolas. Pero es que además propone que la comercialización de estos productos «se haga exclusivamente bajo supervisión facultativa competente y con indicación expresa de la cantidad a adquirir y/o aplicar».

La estrategia asturiana tiene como finalidad la erradicación del uso ilegal del veneno y se ha marcado tres objetivos. El primero pasa por mejorar la detección de los casos y del conocimiento sobre el problema, por lo que apuesta por una coordinación efectiva y una formación específica del personal implicado. El segundo pasa por atajar las principales causas que motivan la colocación de cebos envenenados en los montes asturianos, promoviendo actuaciones destinadas a disminuir la conflictividad entre el ser humanos y la fauna silvestre, especialmente el lobo y el oso, así como desarrollar una normativa sancionadora adecuada a la gravedad de los hechos. El tercer y último objetivo es la persecución del delito, en estrecha colaboración entre todas las administraciones implicadas en la gestión de este problema.

Aunque el documento salió ayer a información pública, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies criticó que «el Principado haya hecho caso omiso una vez más a las sugerencias que presentamos al trámite de consultas». Esas sugerencias se centraban en aumentar la guardería para incrementar el control y la vigilancia, la monitorización de la zona con más casos de veneno, el control de perros y gatos asilvestrados, agilizar los pagos de compensación de los daños ocasionados por la fauna salvaje, denunciar públicamente los casos conocidos de uso de venenos y la suspensión de la caza y el pastoreo en la zona donde aparezcan venenos, tanto para facilitar la investigación como para preservar la seguridad alimentaria.

Según los datos oficiales, de 2001 a 2017 se abrieron en Asturias 190 expedientes y 91 fueron confirmados como envenenamiento ilegal de fauna silvestre, afectando sobre todo a perros y buitres leonados, pero también a lobos, nutrias, águilas reales, osos y quebrantahuesos.