«Represalias y persecución» en el Colegio de Enfermería

El fallo que condena por despido nulo a la entidad dice que «torpedeó» los medios técnicos para perjudicar a dos empleados | A los dos meses de desplazar a una trabajadora a la sede gijonesa, ésta se quedó sin internet, fotocopiadora, teléfono e impresora

LAURA MAYORDOMO GIJÓN.

La sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo del pasado junio que declaró nulo el despido de dos administrativos que durante más de tres décadas prestaron servicio en la sede ovetense del Colegio Oficial de Enfermería del Principado (Codepa) y la más reciente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) confirmando dicho fallo revelan aspectos curiosos de la gestión de la directiva de Emilio Losa, fallecido el pasado mes de abril.

Empezando por los gastos asociados al mantenimiento de las tres sedes que hasta 2016 mantenía abiertas el colegio. Solo en lo relativo a gastos del personal administrativo, la entidad desembolsaba anualmente -según la documentación que aportó al juez- 214.000 euros. Algo más de 116.000 por la de Oviedo, poco más de 50.000 por la de Gijón (cantidad que se incrementaría hasta los 66.000 euros sumando los gastos de alquiles, limpieza, luz, agua y teléfono) y unos 47.000 por la de Avilés (66.550 añadiendo los mismos cargos que en la de Gijón). Con unos 7.000 asociados y una cuota anual de 241 euros, al menos en 2015, el colegio ingresó más de 1,3 millones.

A las sedes de Gijón y Avilés, operativas desde finales de 1995, fueron trasladados en 2013 los dos empleados que el entonces presidente, Emilio Losa, estaba convencido de que habían facilitado información a la Asociación de Enfermería de Asturias, integrada por los críticos a su gestión y a la que, según da por probado el juez, «achacaba su imputación en vía penal» por un delito de apropiación indebida. Ese traslado fue la primera «represalia» y medida de «persecución» que, dice la titular del Juzgado de lo Social 3 de Oviedo, sufrieron desde entonces ambos empleados. No fue la única. También tuvieron que lidiar con la decisión de Losa de «torpedear» los medios técnicos a disposición de ambas sedes. Así, a los dos meses de ser trasladada a Gijón, Margarita A. D. se puso en contacto con el presidente del colegio para protestar porque le habían retirado la fotocopiadora, el fax, el escáner y la impresora. También porque se encontraba sin línea telefónica y sin internet. «Doy por supuesto que no se estará tratando de preconstituir una situación en la que la empresa, a corto o medio plazo, pretende justificar una extinción contractual amparándolo en causas objetivas porque, en tal caso, serían preconstituidas y en claro fraude de ley», le advertía. Dos años después volvía a pedir una pantalla de ordenador. Se le había estropeado y, pese a que la había reclamado varias veces, seguía sin ella.

Por aquella época, Losa también mandó instalar cámaras de seguridad en las tres sedes. El objetivo, dice la sentencia, era «controlar la prestación laboral del personal». El presidente ya fallecido ordenó a una empleada de Oviedo ver las grabaciones de las cámaras de Avilés y Gijón y «extender anotaciones de las visitas que se realizaban». No se hizo lo mismo con las de la capital. Otra medida que sustenta la opinión de la jueza de que, para despedir a estos dos empleados, no se tuvieron en cuenta motivos «serios» ni «consistentes» es que se decidiera organizar menos actividades formativas en esas sedes y que Losa ordenara no enviar allí certificados, diplomas de cursos ni documentación para que los colegiados no tuvieran más opción que ir a Oviedo a recogerlos.

Lazos familiares

Además, apenas dos meses antes de que a Margarita A. D. la trasladaran a Gijón, su cuñada, que llevaba diecisiete años trabajando como limpiadora en la sede de Avilés había ganado un juicio por despido improcedente contra el colegio, que «negaba relación laboral» con ella, vínculo «que sí existía», dice la sentencia. Al incorporarse a la sede gijonesa se trasladaba de ésta a la de Oviedo a un informático, sobrino de Emilio Losa. Según justificó entonces el presidente, debía desarrollar el sistema de ventanilla única. En el juicio por despido improcedente de los dos administrativos, éste llegó a reconocer que este proyecto se paralizó después de su incorporación a Oviedo. «Incluso añade», recoge la sentencia, «que era vox populi que el anterior presidente trataba de cargarse a los dos demandantes 'barriéndoles' del colegio».

La jueza falló a favor de los despedidos y obligó al Codepa a reincorporarlos a sus funciones. En lugar de eso, la directiva ya presidida por Alfonso Román optó por pagarles el salario (108 y 102 euros diarios) y dejarlos en casa. Si el colegio recurre, podrían seguir así hasta un nuevo fallo judicial.

 

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