Un representante ambiental cualificado como interlocutor con la Administración

Marco Menéndez
MARCO MENÉNDEZGijón

El millar de empresas afectadas por este proyecto de decreto de protección y control deberán designar un representante ambiental. Pero no se trata de una persona cualquier de la compañía, sino que deberá contar con conocimientos y cualificación profesional adecuada para ejercer sus funciones, que pasan por ser interlocutor con el Principado en materia de control ambiental, lo que le obligará a estar localizable en todo momento, facilitar toda la información y documentación requerida por los inspectores y facilitar el acceso a las instalaciones en cualquier inspección que se produzca.

El documento establece varios niveles de alerta. La situación anómala de funcionamiento es la distinta a la habitual de la instalación; el incidente, una situación anómala de la que se deriva o puede derivarse un daño no significativo al medio ambiente; el accidente, cuando hay riesgo o la producción de daños significativos al medio ambiente y a la salud de las personas, y la emergencia, cuando los efectos adversos son significativos y pueden dar lugar a la activación de los planes de emergencia interior o exterior.

Incluso las situaciones anómalas de funcionamiento han de ser informadas «de forma inmediata» a la Administración y si ya fuera un accidente o una emergencia la empresa afectada deberá informar al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Para el primero de los casos, los responsables de la instalación deberán presentar un informe detallado en el plazo máximo de 24 horas. Si se trató de un incidente, un accidente o una emergencia, hay un plazo de diez días para informar de las causas, tipos y cantidades de las sustancias o residuos liberados al medio ambiente, un cronograma de las actuaciones adoptadas y las medidas pendientes para minimizar los daños.

Si en el accidente intervinieron sustancias peligrosas, las medidas a adoptar y la información a facilitar por la empresa son mucho más completas, incluyendo evaluaciones de los efectos directos e indirectos a corto, medio y largo plazo, en la salud humana, los bienes y el medio ambiente.

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