«Se tardó tanto en tomar medidas que se ha formado un agujero en el Sespa»
La sanidad asturiana vive en «un círculo vicioso» marcado por la falta de suficientes facultativos para cubrir las 433 jubilaciones previstas
Que la sanidad asturiana iba a tener un déficit de profesionales es más viejo que el catarro. Médicos y enfermeras llevan diez años advirtiendo a la Administración de que, tarde o temprano, tendría que encarar este problema. Ese momento ha llegado y las dificultades para encontrar relevo generacional a los sanitarios que ahora están en activo son aún mayores de lo que se esperaba, después de una pandemia por coronavirus que ha reventado las costuras del sistema público de salud.
Entre este año y el que viene, según datos del Principado, está previsto que se jubilen en la región 433 médicos, lo que dejará a la sanidad pública asturiana sin algo más de una séptima parte de sus facultativos. A corto plazo, difícilmente se podrán compensar esas vacantes. Así lo reconocen tanto la Consejería de Salud como el Ministerio de Sanidad, que sitúa en 2027, esto es, dentro de cinco años, el salto cuantitativo necesario para restablecer la oferta de médicos.
Este escenario, que repercute en la Universidad y en las consultas, tiene su origen, en opinión de Adonina Tardón, catedrática de Medicina Preventiva, en el recorte de empleo público que se llevó a cabo hace diez años debido a la crisis económica: «Se cortó la renovación». También en el hecho de que las plazas de médicos en formación -lo que se conoce como MIR- no respondan a las necesidades actuales de profesionales sanitarios.
Ese número insuficiente de plazas ha provocado «un tapón», en palabras de Eduardo Murias, coordinador de tutores y docentes del Colegio Oficial de Médicos de Asturias. O lo que es lo mismo: las nuevas promociones de médicos no alcanzan a cubrir las vacantes por jubilación, lo que está propiciando una sobrecarga de trabajo entre quienes permanecen en activo y merma, a su vez, las posibilidades de la plantilla para dedicarse a la investigación o la docencia.
«Es un círculo vicioso», afirma Murias. «Y no basta con aumentar las plazas MIR, porque no hay suficientes docentes para asumir un aumento significativo de alumnos», prosigue este radiólogo del HUCA, para quien «éste no es solo un problema de números, sino de calidad del sistema sanitario». Y ese sistema, en su opinión, «debe hacerse más atractivo».
Los MIR y Atención Primaria
En ello está trabajando la Consejería de Salud, según asegura su titular, Pablo Fernández, cada vez que se le pregunta por este asunto. Pero los médicos entienden que «se ha tardado mucho» en tomar medidas y, «de tanto mantener esta situación en el tiempo, se ha formado un agujero» en la plantilla del Servicio de Salud (Sespa). Especialmente, en Atención Primaria, cuyos profesionales han llegado a tener que atender más de 70 consultas diarias durante esta sexta ola de la pandemia.
Desde el Sindicato Médico Profesional (Simpa) incluso se ha solicitado la reprobación parlamentaria del consejero de Salud, como muestra de su malestar. Que «nadie nos pregunte» a la hora de plantear soluciones levanta ampollas entre el personal del Sespa. «El envejecimiento de la profesión es evidente. En mi centro de salud, se van a jubilar, en dos años, 7 médicos de los 15 que somos», expone José Manuel Iglesias, que pasa consulta en Ventanielles, para dibujar el horizonte que le espera a la sanidad pública asturiana. Sin embargo, «de los 25 MIR que formamos, se quedan cuatro», incide este médico de Familia, que también desarrolla labor docente en la Facultad de Medicina de Oviedo.
El 37% de las jubilaciones previstas entre 2021 y 2022 se producirán en Atención Primaria. Los centros de salud asturianos perderán 160 médicos de Familia. Es precisamente esta especialidad en la que, según coinciden todos los profesionales sanitarios, la situación es más complicada. ¿Por qué? «Por sus condiciones laborales, que son poco atractivas».
Hasta el punto de que muchos MIR acaban dejando la especialidad antes de terminar su formación, por no hablar de los que se marchan a otras comunidades o países en busca de mejores retribuciones económicas por jornadas laborales más llevaderas. La Consejería de Salud trabaja actualmente en un decreto de Atención Primaria para tratar de revertir la situación.