Sanidad gastó más de siete millones de euros en un año en derivar pacientes a la privada

Además de ese desembolso de 7,3 millones de euros, Sanidad deja constancia de que, en los últimos doce meses, recurrió a 31 centros de Asturias y de otras comunidades autónomas. En su respuesta, el Sespa justifica estas derivaciones «en situaciones de indicaciones asistenciales» en las que ni los centros sanitarios públicos ni los concertados disponen de «los medios, capacidad o competencia técnica» para afrontarlas.

¿En quién recaen principalmente esos pacientes que la red pública y la concertada no pueden atender? Pues en dos de los grandes puntales de la medicina privada regional: el Centro Médico y la Clínica Asturias. La factura abonada a ambos centros por los servicios prestados a lo largo de todo el año pasado supone algo más del 40% del total. Sanidad pagó al primero 1,8 millones de euros y 1,3 millones a la Clínica Asturias. Lo hizo, sobre todo, por actividad quirúrgica. Por unas intervenciones que fueron en su mayor parte de las especialidades de traumatología y cirugía ortopédia (más de un millón de euros pagó por este concepto al Centro Médico). También de angiología y cirugía vascular, de cirugía general y del aparato digestivo y de oftalmología.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, lo más común es la derivación a centros privados -también de fuera de Asturias- para someter a los pacientes a radiodiagnóstico. Y en el capítulo de tratamientos, es la oncología radioterápica del Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (IMOMA) la que se lleva el monto más abultado: casi 772.000 euros.

En ocasiones, las derivaciones traspasan las fronteras del Principado y pacientes asturianos acaban siendo atendidos en centros como la Clínica Universitaria de Navarra, la Fundación Jiménez Díaz y la Clínica Ruber, en Madrid.

Capítulo aparte merecen las intervenciones para la interrupción voluntaria del embarazo. Las clínicas asturianas Buenavista, Sirona y Belladona son las que vienen realizando en los últimos años unos 2.000 abortos anuales. Porque la excepción es precisamente que éstos se lleven a cabo en un centro sanitario público. Según datos de 2016, la objeción de conciencia de los médicos obligó a Sanidad a derivar el 96,7% de las interrupciones a clínicas privadas. Ese año, éstas llevaron a cabo 2.015 abortos mientras que en la sanidad pública la cifra fue de tan solo 68 intervenciones. Es un servicio por el que Sanidad paga anualmente en torno a un millón de euros al año. Fue lo que ocurrió también en 2017, tal y como reflejan los datos remitidos ahora al diputado de IU.