Sanz Montes pide contundencia contra los abusos sexuales al margen de su procedencia

La Iglesia española ha dado por fin un paso al frente en el plano judicial frente a los abusos sexuales cometidos por sus miembros, con la realización de una «auditoría independiente sobre los abusos sexuales en el ámbito de la iglesia católica española», tal y como la presentó el pasado lunes el abogado defensor Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo. Ayer fue el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, recién llegado de Madrid, quien quiso centrar el objetivo no tanto en quién comete el abuso, sino en la atención a las víctimas, en muchas ocasiones las más abandonadas en una situación en la que resulta fácil tratar de esconder el abuso sufrido por temor a quien lo comete o a su entorno, ya que el agresor suele valerse de una posición de poder.

Así, el arzobismo anotó ayer que que la intención de la Conferencia Episcopal Española es «dar un paso más, junto al que hemos dado en todas las diócesis con la creación de 70 oficinas para acoger y acompañar las víctimas de los menores abusados. Se trata de una auditoría externa e independiente que analizará los casos, uno por uno».

Porque insistió el prelado en que la intención del informe es también «representar primero el mapa real que arroja ese 0,2% de abusos realizados por miembros de la Iglesia en España. El restante 99,8 % restante del monto total de esta tragedia habría que abordarlos también igualmente por quien corresponda, si realmente nos importan las víctimas y no solo la procedencia de los victimarios para focalizarse por alguna razón en la institución a la que pertenecen», si bien no concretó quién puede tener tal intención de centrar la atención en el agresor o en la institución a la que pertenece.

Es más, insiste el arzobispo en que el abuso sexual es «un delito social que está indicando que nuestra sociedad en buena medida ha perdido su conciencia recta y su capacidad de mesura respetuosa de cada persona, especialmente las más indefensas». Y es en este marco en el que el arzobispo sitúa el fenómeno. No es que los miembros de la Iglesia sean un caso aparte, sino que «dentro de la sociedad esta también la Iglesia, y participamos de las luces y las sombras de cada generación. Por este motivo se han dado también entre nosotros, incomprensiblemente, algunos abusos perpetrados por sacerdotes y religiosos».

Por ello, reitera Sanz Montes que «no porque sea una estadística relativamente pequeña dentro de los abusos que se dan en el conjunto de la sociedad deja de dolernos profundamente, moviéndonos a la comunidad cristiana a poner medios para que esto no suceda, así como los remedios para que las víctimas sean acogidas, acompañadas y defendidas intentando reparar la herida que se les infligió tan injustamente».

En todo caso, Sanz Montes no se situó en la tibieza. Subrayó, al contrario, que «la lacra de la pederastia es uno de los crímenes más horribles a lo largo de la historia de la humanidad. Abusar de los más pequeños o de personas vulnerables supone una perversión cuya cobardía jamás tiene perdón ni atenuante».

Y lo es en una doble vertiente, a sus ojos, toda vez que «es un delito civil y un pecado moral, porque destruye la inocencia» y mancha «fatalmente su dignidad de modo irreparable, dejando una herida muy difícil de sanar para toda la vida. De ahí la gravedad de este crimen».

Por todo ello, recuerda el arzobispo que la Iglesia española ha hecho esta «encomienda a un despacho de abogados de Madrid, Cremades & Calvo Sotelo», que «se tomará un tiempo prudencial de unos doce meses de trabajo. Con ello queremos colaborar con las autoridades civiles en lo que a nosotros respecta. Tomamos la iniciativa y proseguimos en nuestro trabajo de prevención y acompañamiento», finaliza el máximo responsable de la Iglesia asturiana».