La acusada del crimen de Lugones sufre un «retraso leve» que no la incapacita

Ana María G. H. entrando en el Juzgado de Siero al día siguiente del crimen. /  PABLO NOSTI
Ana María G. H. entrando en el Juzgado de Siero al día siguiente del crimen. / PABLO NOSTI

Su abogado discrepa con el informe del forense y desvela que Ana G. H. «fantasea con que va a ir a la sala a pedir perdón y que saldrá de la cárcel dentro de poco tiempo»

J. C. D.SIERO.

En la medianoche del 17 de julio de 2018, el llanerense Miguel Ángel Suárez, de 56 años, moría apuñalado presuntamente a manos de su pareja -Ana María G. H., de 28 años- en el domicilio paterno de la joven, sito en la calle Río Sella de Lugones. Al día siguiente, ella ingresó en el Centro Penitenciario Asturias, donde permanece desde entonces en prisión comunicada y sin fianza. Y el Juzgado número 4 de Pola de Siero ultima ya la instrucción. Ya se ha practicado casi toda la prueba y está aún pendiente la calificación de las partes. La acusación particular la ejerce la familia de la víctima.

Una de las cuestiones capitales de este crimen será dirimir el grado de discapacidad de la investigada. En un primer momento, se mencionó la existencia de un certificado, expedido por el Principado en el año 2009, donde figuraba que la presunta homicida tenía una discapacidad del 69%.

Sin embargo, el informe forense realizado durante la instrucción del sumario certifica que Ana María G. H. tiene «un retraso mental leve» que, aunque puede disminuir su capacidad de raciocinio, «no es obstáculo para eximirla de su responsabilidad y para que ella sepa diferenciar qué es lo que está bien y lo que está mal», según desvelaba ayer su abogado defensor, José Luis Álvarez Niño, quien discrepa con esa conclusión. El letrado llegó incluso a solicitar una segunda exploración a su defendida, pero la juez se la ha denegado por considerar que ese primer informe del forense es suficiente.

«Esta persona no sabe ni las consecuencias de lo que ha hecho, ni la gravedad, ni nada», asegura Álvarez, quien acude a visitarla con regularidad a la prisión. Según el abogado, la presunta homicida «fantasea sobre lo que le va a ocurrir: me dijo que iba a ir a la sala a pedir perdón y que iba a salir de la cárcel dentro de poco tiempo». Por su parte, el letrado intenta explicarle «que la cosa va para largo y que la condena puede ser también larga, pero yo ya no sé cómo decírselo».

El abogado recordó también su primera entrevista en la cárcel con ella: «No era consciente de lo que hizo; sabía que había hecho algo malo, pero me preguntó si estaba muerto o no». Y ahora la ve «arrepentida», pero cuando le pregunta por los motivos «no sabe decir nada».

Como otra muestra de su discapacidad, comenta el comportamiento de la acusada durante las otras dos ocasiones que estuvo en prisión por otros delitos: «Las dos veces dijo que estaba embarazada y ninguna de ellas era verdad. Y la segunda cosa con la que fantaseaba era que ella tenía una hija entregada en adopción en el Principado». El letrado ha verificado la falsedad de esa afirmación, tanto con sus padres como con la administración autonómica.

Álvarez pretende argumentar que su defendida es inimputable debido a esos problemas mentales que padece o, al menos, rebajar un poco la pena, aunque el informe del forense sostenga lo contrario. Y va a esperar a ver cómo califican el fiscal y la acusación particular.

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