La edil Paula Onís achaca a «un ataque personal» la denuncia por su liberación

Paula Onís. / PABLO NOSTI
Paula Onís. / PABLO NOSTI

El alcalde de Siero, Ángel García, insta a IU «a pedir disculpas», mientras que Edgar Cosío recuerda que «la labor de la oposición es fiscalizar al gobierno»

JOSÉ CEZÓN SIERO.

La concejala de Foro en Siero, Paula Onís, sigue sin entender los motivos por los que Izquierda Unida denunció su liberación ante el Tribunal de Cuentas y solo lo achaca a «un ataque personal». Tras el acta de liquidación provisional de la delegada instructora -donde no aprecia un ilícito contable-, la edil asegura que tuvo «la conciencia muy tranquila desde el primer momento», pero eso no quita que haya pasado unos meses muy duros.

IU denunció en junio de 2018 que Onís percibía unas retribuciones por dedicación exclusiva «sin ninguna función que lo justificara». La afectada respondió ayer que este grupo es conocedor de su participación en diferentes órganos municipales y actividades del Ayuntamiento.

En cuanto a que no asiste a las comisiones informativas remuneradas, Onís dijo que «IU sabe también que fue por una decisión interna de mi partido, que salió por tres votos a favor y dos en contra (uno el suyo propio), así que podrían haber actuado de otra manera». Y recordó que acude cada jornada laboral a su despacho en el Consistorio. «Pero para saber las horas que le dedico, los primeros que tienen que ir son ellos, que nunca van por allí», afirmó.

Para el alcalde de Siero, Ángel García, «los concejales no deberían hacer un uso irresponsable de las instituciones, porque en política no vale todo». Y añadió que ejercer este cargo público «es para algo más que estar denunciando sistemáticamente todo, y máxime cuando afectan a personas concretas. Es una línea roja que no deberíamos pasar, sobre todo, por el lado humano». Tanto Onís como el regidor recordaron que liberar a concejales de la oposición es algo habitual en infinidad de municipios, «incluidos los gobernados por IU». García reiteró que la decisión plenaria no fue recurrida y que tiene todos los informes favorables. Y cifró en unos tres mil euros el coste jurídico de la defensa. «Sería buena una rectificación pública o que pidan disculpas a la afectada», concluyó.

El portavoz de IU, Edgar Cosío, justificó la denuncia ante las dudas que les planteaba esa liberación «y la imposibilidad de debatir razonadamente con el gobierno». Y recordó que «es labor de la oposición fiscalizar al gobierno». Dijo que IU «dejó de ser parte cuando la Fiscalía asumió el procedimiento» y ya no obtuvo más información. Y eludió valorar la resolución de la instructora al no disponer del documento: «La prudencia aconseja esperar a que el proceso termine». E insiste en que se deben determinar las tareas de los liberados.