El exalcalde de Grado, condenado a nueve años de inhabilitación por no quitar una portilla

El exalcalde de Grado, condenado a nueve años de inhabilitación por no quitar una portilla
Antonio Rey a su llegada a los juzgados el pasado 22 de junio. / PIÑA

El Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo atribuye a Antonio Rey un delito de prevaricación por no retirar una portilla que colocó sin licencia

C. P. OVIEDO.

Antonio Rey, el que fuera alcalde de Grado entre 2007 y 2015, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por el juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo. La sentencia, contra la que cabe recurso recoge la misma pena que solicitó la Fiscalía del Principado de Asturias: condena al exalcalde moscón como autor de un delito continuado de prevaricación omisiva y al pago de una indemización de 10.000 euros, además tendrá que abonar las costas procesales.

El juicio contra Antonio Rey se celebró el pasado 22 de junio. Acudió a los tribunales para responder ante la justicia por un delito de prevaricación por no retirar una portilla que colocó «sin licencia» una familia de Santa María de Grado y que cerró un camino público a pesar de que existía una resolución firme y ejecutoria aprobada por el Consistorio para hacerlo desde hacía años.

Durante la vista oral, la Fiscalía llegó a preguntar hasta en cinco ocasiones al exalcalde de Grado por qué no ejecutó la resolución y por qué la portilla nunca se llegó a retirar. «Yo fui el único alcalde que intentó mover el expediente que estaba paralizado y después de dieciséis años se me quiere colgar el san Benito cuando la responsabilidad puede que sea de otros alcaldes», dijo Antonio Rey que se defendió argumentando que «siempre» intentó solucionar el problema con la «conformidad de todas las partes».

Sin embargo, la acusación particular y los propios demandantes explicaron ante el juez que el cierre del camino les imposibilitó acceder a la vivienda familiar por el camino que existía allí «de toda la vida».

Por esto mismo, los dos hermanos que demandaron al exalcalde recibirán una indemnización de 10.000 euros atendiendo al «daño moral» causado al privarles de la «libertad» de poder acceder a su vivienda.

Portilla «ilegal»

Durante el juicio también declaró el que fuera concejal de Urbanismo en el mandato de Antonio Rey. Alejandro Patallo llegó a declarar que la portilla «era ilegal» y que se «retiró». Resaltó que «el alcalde nunca mostró ningún interés en beneficiar o perjudicar a una u otra parte sino en resolver la situación. Nunca se actuó de mala fe».

El exalcalde, que durante el juicio hizo uso de su última palabra, se defendió argumentando que «nunca» intentó perjudicar a nadie porque «fue lo que me enseñaron en mi casa».

Sin embrago, la Fiscalía consideró los hechos, en sus conclusiones finales, como un delito de prevaricación en su forma omisiva porque «el alcalde durante años y años no dio cumplimiento a las resoluciones adoptadas». Argumento que hizo suyo el Penal 1 para dictar la sentencia condenatoria.

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