El exalcalde de Ribera asegura que no prevaricó: «Se modificó el proyecto»

«Lo normal es que no se cobren las modificaciones de un proyecto, pero este se cobró». Así respondía el ex alcalde de Ribera de Arriba, el socialista José Ramón García, desde el banquillo del Juzgado de lo Penal Número de 1 de Oviedo a las preguntas de la Fiscalía sobre un supuesto delito de prevaricación para el que el Ministerio Público mantiene su petición de inhabilitación especial para cargo público durante siete años. En este caso, el Ministerio Fiscal sostuvo que, en los primeros meses del año 2008 -aunque inicialmente hablaba del 2009-, contrató a una persona para redactar el proyecto básico y de ejecución para Centro Rural Polivalente de Recursos para Personas Mayores del Ayuntamiento de Ribera de Arriba. El importe del contrato ascendía a 60.000 euros, más 9.600 de IVA. En su escrito, la Fiscalía aseguraba que el acusado llevó cabo la contratación «verbalmente, -sin ningún tipo de expediente administrativo ni de procedimiento de selección-, de forma personal y directa, atendiendo a su mera voluntad personal en la elección de la persona a contratar, con pleno conocimiento de que con ello vulneraba los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia».

Por su parte la defensa del antiguo mandatario sostuvo que se trataba de una ampliación, que por tanto no necesitaba de la apertura de un nuevo proceso de contratación y que en todo caso habría prescrito tras diez años. García tiene abierta otra causa similar por realizar, presuntamente, sucesivos contratos menores en los que la adjudicataria siempre era una mercantil.

El regidor aseguró ante el magistrado que se trataba de la modificación del proyecto inicial, «legalmente» adjudicado y cifrado en 42.000 euros cuya modificación no se presupuestó ni por el cual se pasó «en ningún momento una factura al Ayuntamiento». El arquitecto contratado, que acudió como testigo, apuntó que sí mantuvo varias reuniones con una comisión formada por el entonces interventor del Consistorio, el arquitecto municipal y el concejal de Urbanismo, de aquella Miguel Sainz. En principio, explicó, se trataba de «un edificio cáscara» de tres plantas con tan solo una ocupada, que, tras un encuentro con el Principado se amplió, por los mencionados 60.000 euros, de un centro de día a un complejo que incluía residencia para al menos diez ancianos y un área recreativa. También se puso sobre el papel la urbanización de los exteriores y la creación de nuevos accesos, lo que incrementó el presupuesto inicial en más de un 40%.

El citado proyecto fue entregado el 18 de mayo de 2009 y la factura presentada el 28 de junio. Ese mismo día, continúa el fiscal, el interventor formuló un reparo, que fue levantado por García mediante un decreto horas después.

Por todo lo anterior, la Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de prevaricación y solicita que se condene al acusado a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años, lo que implica la pérdida de su condición de alcalde (que ya no ostenta), así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública por dicho período.