Somos exige investigar la prescripción de la plusvalía en las fincas de Bobes

Los terrenos del polígono industrial de Bobes, que fueron expropiados a los vecinos. /  PABLO NOSTI
Los terrenos del polígono industrial de Bobes, que fueron expropiados a los vecinos. / PABLO NOSTI

La edil Ana Ballester responde al alcalde de Siero, Ángel García, quien achacó la reducción del presupuesto de 2019 a la merma en este impuesto

J. C. D. SIERO.

La concejala de Somos Siero Ana Ballester exigió ayer al equipo de gobierno que abra una investigación «para determinar las responsabilidades que correspondan» por los más de dos millones de euros que el Ayuntamiento de Siero tendrá que devolver a decenas de expropiados del polígono industrial de Bobes, debido a la prescripción del pago del impuesto de la plusvalía. También reclama «explicaciones públicas por las graves pérdidas ocasionadas» a las arcas municipales.

Ballester se refirió a la «escenificación habitual» del PSOE y Foro para anunciar un nuevo acuerdo presupuestario y a las declaraciones del alcalde, Ángel García, quien justificó la rebaja del presupuesto de 2019 con respecto al presente ejercicio en el impuesto de la plusvalía, «donde tenemos una reducción dada la incertidumbre jurídica que hay al respecto», dijo el regidor.

Para la edil de Somos, el equipo de gobierno «trata de ocultar a los vecinos que, como consecuencia de su nefasta y negligente gestión», se produjo la prescripción del derecho a liquidar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se había devengado en el proceso de expropiación de los terrenos del polígono de Bobes.

«Desidia» e «incuria»

Fruto de lo que califica como «una desidia incomprensible», Ballester acusa a los gestores del Ayuntamiento de haber provocado «un importante quebranto» a las arcas públicas, «que podría haberse evitado con una actuación mínimamente diligente por parte del gobierno municipal». Y rescata alguna de las sentencias favorables a los vecinos, donde el juez observa «una incomprensible incuria por parte del Ayuntamiento, no solo en la liquidación sino en su notificación, hasta el punto de haber permitido que caducase el expediente administrativo incoado al efecto y, asimismo, propiciando que la acción para determinar la deuda tributaria haya prescrito».

La ocupación de las fincas del futuro polígono de Bobes, tras la expropiación, se produjo entre el 20 de abril y el 22 de octubre de 2009, que es la fecha del devengo del impuesto. Y el derecho del Ayuntamiento para liquidarlo prescribía a los cuatro años y un mes desde la fecha de ocupación.

En aquel momento, el Ayuntamiento no podía liquidar, porque el Catastro no había establecido aún el valor catastral de las parcelas expropiadas y era necesario que llevara a cabo una ponencia de valores parcial. Ballester recuerda, no obstante, que los interesados «estaban obligados a declarar el impuesto en el plazo de un mes» y que el Ayuntamiento podría haber practicado liquidaciones provisionales, «cuya notificación hubiera interrumpido la prescripción».

El Ayuntamiento no solicitó esa ponencia parcial al Catastro hasta el 15 de mayo de 2013. Y dos días antes, notificó a los contribuyentes una resolución de suspensión de las liquidaciones, hasta que se dieran de alta las parcelas en el Catastro de Urbana y se conociera el valor catastral de cada una. Y se indicaba que dicha notificación interrumpía la prescripción. Pero, según explica Ballester, esa interrupción solo se habría materializado «si en el plazo de seis meses desde la notificación se hubiera practicado la liquidación».

La edil recurre de nuevo las sentencias para asegurar que la ponencia estaba disponible en el Catastro desde el 25 de julio de 2013. «En alguna sentencia se dice incluso que el Ayuntamiento reconoce que la conocía fehacientemente desde el 22 de mayo de 2013», dijo.

Ballester focaliza el problema en que, teniendo un plazo de seis meses, «las liquidaciones no se notificaron hasta varios años después, en 2016 y 2017», por lo que el procedimiento había caducado ya y aquella notificación de la suspensión de mayo de 2013 no sirvió para frenar la prescripción.

Desde Somos preguntan por qué no se iniciaron las liquidaciones tras conocer la ponencia de valores en julio de 2013, quién ordenó que se pospusiera la liquidación, por qué el Ayuntamiento tardó cuatro años (desde 2009 a 2013) en requerir al Catastro la ponencia de valores y quién es el responsable. Y, por último, quiere saber a cuánto asciende el quebranto económico total.

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