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Pilar Lobo, Ángela Veira, Pilar Galán, Guillermina Siciliano, Javier Pintado y Joaquín Fernández, en la vivienda de Carbayín Alto en la que Guillermina cumple arresto domiciliario. PABLO NOSTI
Un juez anula la resolución que impidió a dos vecinas de Siero optar a un piso de emergencia

Un juez anula la resolución que impidió a dos vecinas de Siero optar a un piso de emergencia

La decisión municipal llevó a Guillermina Siciliano y a su hija Ángela Veira a okupar la vivienda de la que habían sido desahuciadas, por lo que fueron condenadas

LYDIA IS

CARBAYÍN ALTO.

Jueves, 19 de julio 2018, 00:16

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Guillermina Siciliano vuelve a sonreir. Esta vecina de Siero con un desahucio y dos órdenes de desalojo a sus espaldas ha ganado la batalla al Ayuntamiento, al que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo acaba de anular la resolución firmada en 2017 por la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Consumo y Salud, Natividad Álvarez, que desestimó su inscripción en el registro municipal de vivienda al considerar que no cumplía las condiciones establecidas en una de las cláusulas para optar a un piso de emergencia.

Ayer dio a conocer el fallo, acompañada por su hija, Ángela Veira, por Pilar Galán, Pilar Lobo y Joaquín Fernández, integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); y por Javier Pintado, portavoz del grupo municipal Somos Siero.

Todo comenzó en 2016 cuando Guillermina y Ángela se encontraron con un alquiler de 440 euros que no podían asumir. Consciente de que tarde o temprano incumplirían las cuotas, la mujer comenzó a moverse y expuso su caso en los Servicios Sociales del Ayuntamiento. «No fui a pedir nada, conté mi caso y lo que me dijeron fue que no tenía derecho a ninguna ayuda y que lo que tenía que hacer era buscar un piso más barato», recordó.

Tras dos meses de impago, la inmobilaria la denunció y en abril de 2017 llegó la orden de desahucio, a la que siguió la de desalojo. Con la ayuda de la PAH y ante la negativa del Ayuntamiento a ofrecerle una vivienda de emergencia, en julio hizo pública su situación y en septiembre presentó un recurso en el Juzgado, asistida por la abogada Carolina Diezhandino.

Casi un año después, la justicia le ha dado la razón, pero el camino no ha sido fácil. Desde la orden de desahucio de abril de 2017 hasta el pasado mes de febrero, Guillermina y Ángela okuparon la que hasta entonces había sido su vivienda, lo que conllevó que fueran condenadas a una multa de 270 euros cada una por usurpación y, como no pudieron afrontar parte del pago,a treinta y cinco días de arresto domiciliario.

Tampoco pudo acceder a otras ayudas y por ello, anuncia que reclamará responsabilidad patrimonial administrativa al Ayuntamiento. «Lo que pasé, no se lo deseo ni a mi peor enemigo», aseguró ayer. «La PAH se metió en mi casa a quitarme de la ventana, quise acabar con todo», recordó emocionada.

La sorpresa llegó hace unos meses. El 1 de febrero, con la fecha del juicio ya fijada, Servicios Sociales emitió otro informe, en este caso favorable, y cinco días después, una nueva resolución acordó dar de alta a Guillermina en el registro de vivienda municipal con la máxima puntuación. «De un día para otro, pasó de tener cero puntos a ocho», recalcó Pilar Galán. Asimismo, el Ayuntamiento pidió la conclusión del proceso, algo que Guillermina no aceptó, por lo que el recurso continuó.

El magistrado Miguel Ángel Carbajo se muestra tajante en la sentencia. «Ese reconocimiento implícito que hace la Administración debe conducir necesariamente a la estimación del recurso», defiende. Y añade que «las circunstancias eran las mismas en el mes de mayo de 2017 y en el de febrero de 2018».

En Carbayín Alto desde febrero

Faltaba solo un día para que se ejecutara la segunda orden de desalojo contra Guillermina y Ángela cuando el Ayuntamiento les entregó las llaves de un piso ubicado en Carbayín Alto, en el que residen desde entonces. «Aunque es una alegría, no lo tomamos como un triunfo porque lo que demuestra es el mal funcionamiento de los Servicios Sociales de Siero», apuntaron los representantes de la PAH. «Hay que ser valientes y denunciar», recomienda Guillermina ante casos similares.

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