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J. C. D.
POLA DE SIERO.
Miércoles, 16 de enero 2019, 00:35
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El Ayuntamiento de Siero recibió ayer un severo varapalo judicial con tres nuevas sentencias desfavorables en relación con el expediente urbanístico de la gasolinera Las Palmeras, situada junto a la glorieta de Ullaga. La más contundente fue la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo, donde la magistrada concede a la concejala de Urbanismo de Siero, Noelia Macías, un plazo de quince días para ejecutar una sentencia anterior, que obligaba al Ayuntamiento a la paralización inmediata de la actividad de la estación de servicio, la tienda y el restaurante; proceder a su clausura y precinto, y a la demolición de las obras «amparadas en el proyecto anulado».
La magistrada apercibe también a la concejala de que podría adoptar las medidas previstas en el artículo 112 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (LJCA). Ese artículo, que versa sobre los incumplimientos de sentencias en los plazos señalados, prevé «multas coercitivas de 25.000 a 250.000 pesetas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar». Y, en un segundo punto, habla incluso de «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder». Contra ese fallo del Juzgado número 6 cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días.
Según expone la magistrada, la titular de Urbanismo «ha procedido 'de facto' a suspender la ejecución de la sentencia firme y ello sin que se haya acordado nada en ese sentido, ni pedido por ninguna de las partes». También se detalla que, con fecha 11 de diciembre de 2018, se requirió por providencia al secretario del Ayuntamiento de Siero para que informara de sus actuaciones para hacer cumplir la sentencia.
Ocho días después, el secretario remitió un escrito a la concejala para que ordenara la inmediata paralización de la estación de servicio y demoler las obras consideradas ilegales. La respuesta de Macías -según obra en la sentencia- fue que, precisamente, este Juzgado número 6 no había dictado aún un auto «despachando ejecución en el sentido interesado por el secretario». La edil argumentaba también la aprobación definitiva del estudio de implantación y el plan especial para la legalización de obras y usos de la estación de servicio. Pero esa justificación no ha sido aceptada por la magistrada.
Macías mencionaba, por último, que estaba pendiente de resolución el recurso de apelación del Ayuntamiento contra al auto de 31 de julio de 2018, que rechazaba declarar la imposibilidad de ejecutar la sentencia firme. Y fue, precisamente, lo que se recibió también ayer: dos sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA desestimando los recursos de apelación del Ayuntamiento para intentar que se declarara la imposibilidad de ejecutar la sentencia inicial, tanto en la urbanización de los accesos y el aparcamiento como en los edificios privados y la actividad. A uno de estos dos fallos, la edil comentó ayer que iban estudiar «un segundo incidente de inejecución de la sentencia» con el argumento de que el estudio de implantación y el plan especial ya estaban aprobados de forma definitiva y las licencias legalizadas.
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